Oficina - Oruro

En reunión interinstitucional, la Defensoría del Pueblo en Oruro, Tribunal Electoral Departamental (TED), Asociación de Mujeres Concejalas y la Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI) acordaron instalar una mesa técnica permanente para el abordaje y seguimiento a los de casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en las diferentes entidades territoriales autónomas.

Al conmemorarse el XIII aniversario de la Asociación Civil Equidad, la Defensoría de Pueblo en Oruro, entregó un reconocimiento institucional por el trabajo permanente como activistas voluntarios en la defensa, promoción y vigilancia de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que realizó a favor de las poblaciones LGBTIQ+, mujeres, jóvenes, personas que viven con VIH, trabajadoras/es sexuales y Privados de Libertad.

La Defensoría del Pueblo en Oruro a la cabeza del Delegado, Juan Arroyo, se constituyó ayer en el municipio de Chipaya para mediar en una reunión ampliada entre la Alcaldesa Municipal (Lanqsñi Paqh Ma Eph, en puquina), Flora Mamani, y el control social, autoridades originarias de los cuatro suyus, Directores de Unidades Educativas  y el Centro de Salud. 

La Defensoría del Pueblo Oruro, la jornada de este jueves desarrolló talleres de capacitación sobre prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a un grupo de efectivos del Comando Departamental de Policía, en el salón de banderas de la institución policial.

Luego de considerar el proyecto de Ley Municipal de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) víctimas de feminicidio, que presentó la Defensoría del Pueblo, el Presidente del Concejo Municipal de Turco Luis Tapia Aranibar, este domingo 5 de marzo, entregó la “Ley Autonómica Municipal, Política de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, que producto de un hecho de tránsito u otro acontecimiento quedaran en orfandad”

En una reciente inspección sorpresa realizada al Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, la Delegación Defensorial de esta capital y el Juzgado de Ejecución Penal, constataron un excesivo hacinamiento de personas privadas de libertad (PPL) lo que además incide de forma negativa en el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales.