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La Defensoría
del Pueblo exige la cancelación del concurso denominado “Elección virtual de la reina infantil y juvenil de
la primavera 2020” por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, por ser un acto que vulnera el derecho
a la integridad sexual de niñas y adolescentes al hipersexualizar su imagen.
La Defensoría del Pueblo en Yacuiba presentó el proyecto de
ley autonómica denominado “Políticas de Asistencia Integral a niñas, niños y
adolescentes víctimas de feminicidio ante el Concejo Municipal de Caraparí, con
el objetivo de establecer políticas públicas municipales de protección y
asistencia integral en favor de quienes quedan sin el cuidado parental tras la
tragedia ocurrida por la muerte violenta de sus madres.
La Defensoría del Pueblo presentó el proyecto de ley municipal en beneficio de las personas adultas mayores en los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, logrando que todos los entes legislativos municipales de la región del Chaco tarijeño generen debate respecto a la norma y la puedan viabilizar para su respectiva promulgación.
La Defensoría
del Pueblo exigió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio
de Villa Montes, cumplir con el principio de debida diligencia y atender con
celeridad casos referidos a niñas víctimas de violencia sexual, tras evidenciar
actuaciones negligentes en el caso de la niña R.A.C. de 13 años de edad,
víctima de violación cometida por su padrastro Clemente S, de 39 años de edad,
actualmente prófugo de la justicia. a quien, después de más de 48 horas de
haberse sentado la denuncia, no se hubiera realizado una valoración médica para
conocer su estado de salud y dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014
respecto a la Interrupción Legal del Embarazo.
La Defensoría del Pueblo en Yacuiba evidenció falta de atención jurídico legal y atención en el centro de readaptación productiva “El Palmar”, tras realizar una verificación y sostener reunión con los delegados tanto varones como mujeres, quienes mostraron su preocupación ante el abandono del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), la falta de atención y celeridad del Juzgado de Ejecución Penal que funciona en la ciudad de Tarija y la ausencia de personal médico para la atención y dotación de medicamentos.
