Dirección: Av. Juan Pablo II Nº 75, (Altura Cruz Papal).
Teléfonos: Telf.: (2) 2153264 - 2153179 - 2152352, WhatsApp: 72039523
La Defensoría del Pueblo, a través de su Coordinación Regional El Alto, este lunes, se constituyó en la zona Inti Raymi de la urbe alteña, para la entrega de ayuda solidaria a la familia de la señora Marina Flores; quien junto a sus nueve hijos pasa por varias necesidades, tras sufrir una enfermedad y ser abandonada por su esposo en un domicilio que vive en calidad cuidadora.
La Defensoría de Pueblo, este martes, logró obtener la Certificación de Existencia de Partida de Nacimiento de Registro Civil y cédula de identidad para una Persona con Discapacidad de la ciudad de El Alto; de este modo, velando el cumplimiento del derecho a la identidad y así ser habilitada para gozar de los beneficios que por Ley corresponde a esta población vulnerable.
En el marco a sus atribuciones establecidos en la Constitución Política del Estado, la Defensoría del Pueblo mediante su oficina regional El Alto, se constituyó en la audiencia de medidas cautelares de Zenón Manzaneda, autor confeso del infanticidio de la niña Esther; con el objetivo de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de los procedimientos legales, donde se logró la sentencia a 30 años de prisión para el acusado.
La Defensoría del Pueblo, mediante la verificación defensorial realizada en el Albergue Transitorio 24 horas, dependiente del municipio alteño, pudo evidenciar que varios de las niñas, niños y adolescentes (NNAs) que se encuentran acogidos, no tienen definida su situación legal; lo cual vulnera sus derechos y garantías, en específico el derecho a vivir en familia.
La Defensoría del Pueblo, realiza el seguimiento al colapso de las Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) del Hospital del Norte y las necesidades por la que atraviesa el personal médico para la atención de los pacientes COVID.
La Defensoría del Pueblo, este jueves, realizó una verificación defensorial en el hogar San Martín de la ciudad El Alto donde se evidenció la falta de personal para la atención de los Adultos Mayores que contrajeron Covid-19, lo que implica una vulneración de derechos y el trato preferente a este grupo poblacional vulnerable.
