“APRENDER CON MIEDO”: INFORME DEFENSORIAL EVIDENCIA VULNERACIONES DE DERECHOS EN LA FORMACIÓN MÉDICA

La Paz, 29 de abril de 2026 (UCOM-DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el informe de investigación defensorial “Aprender con miedo”, que evidencia la vulneración de derechos humanos de internos y médicos residentes en el Sistema Nacional de Salud en Bolivia. El documento tiene la finalidad de contribuir en la prevención, atención y sanción de hechos de violencia dentro del ámbito de la formación médica.

“Hay una cultura que necesita cambiarse, es una cultura del miedo que no forma mejores médicos, forma médicos heridos (…) La excelencia no se construye sobre miedos se construye sobre la dignidad”, afirmó el Defensor del Pueblo en la presentación del informe. 

El relevamiento de la información se realizó entre junio y julio de la gestión 2025, en  34 establecimientos de salud —21 hospitales públicos, ocho de la Caja Nacional de Salud (CNS) y cinco privados — ubicados en ciudades capitales de los nueve departamentos y la ciudad de El Alto. Para ello, se realizaron Requerimientos de Información Escrita, verificaciones defensoriales, entrevistas a jefes de internado, testimonios, encuestas a internos de medicina y residentes médicos y revisión documental. 

INTERNADO ROTATORIO

De acuerdo al informe, el Internado Rotatorio en medicina presenta graves deficiencias estructurales y falta de regulación, ya que no existe un reglamento específico para acreditar centros formadores ni mecanismos adecuados de supervisión.

El documento evidencia condiciones precarias en infraestructura y habitabilidad: falta de espacios de descanso, ausencia de ambientes diferenciados por sexo, hacinamiento y servicios básicos insuficientes. Asimismo, las condiciones académicas son inadecuadas, con carencia de aulas, bibliotecas, centros de simulación e incluso acceso limitado a internet, lo que afecta la formación y la seguridad del paciente. Estos hallazgos vulneran el derecho a la educación integral.

En el ámbito laboral, los internos enfrentan falta de equipos de bioseguridad, jornadas excesivas con horas extra no reguladas — hasta más de cinco horas — y alimentación insuficiente, pese a la obligación de los establecimientos de salud a ofrecer desayuno, almuerzo, cena y refrigerios a los residentes en guardia. Estas condiciones vulneran derechos laborales y de salud, generando fatiga, estrés y riesgos a largo plazo.

También se reportan altos niveles de acoso, violencia y discriminación, sin mecanismos eficaces de denuncia ni sanción, evidenciando incumplimientos del Estado y de las instituciones responsables de la supervisión: el CNIDAI, el Ministerio de Salud y Deportes, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Ministerio de Educación, CRIDAI y Decanos de las facultades de medicina de universidades públicas

En conjunto, el programa atraviesa una crisis estructural que afecta la calidad de la formación médica, las condiciones de trabajo y la salud mental de los internos.

RESIDENCIA MÉDICA 

La evaluación del sistema de residencia médica también revela graves deficiencias estructurales que afectan la calidad de formación y vulneran derechos fundamentales de los residentes. Se identificó que los mecanismos de acreditación no garantizan condiciones adecuadas en los centros formadores, además de inconsistencias entre registros institucionales.

Las condiciones de habitabilidad, estudio y trabajo son precarias: infraestructura inadecuada, falta de recursos académicos, escasa alimentación, jornadas excesivas y ausencia de equipos de protección personal (EPP). A esto se suma la falta de supervisión efectiva por parte de las instancias responsables.

El informe también evidencia altos niveles de acoso laboral, acoso sexual y discriminación, sin mecanismos de denuncia eficaces ni imparciales, lo que limita el acceso a la justicia. Estas condiciones han impactado gravemente la salud mental de los residentes, con pensamientos incluso de suicidio y abandono del programa.

Al concluir, el Defensor del pueblo señalo que existe incumplimiento estatal en la prevención, atención y sanción de estas vulneraciones, además de haber obstruido la labor de la Defensoría del Pueblo, en el proceso de investigación.

“Cada una de ellas va a ser objeto de seguimiento, las instituciones que nos responden van a ser interpeladas también frente a la ciudadanía en la justicia y ante la los organismos internacionales de Derechos Humanos. Bolivia tiene la capacidad y la obligación médicos que aprendan sin miedo que duerman que coman que sean tratados como lo que son personas con derechos y con vocación de servicio”, finalizó el Defensor del Pueblo.  

El informe contiene 43 recomendaciones a instituciones del Estado – Asamblea Legislativa Plurinacional, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Educación, CNIDAI, CRIDAI, SEDEGES, Centros formadores y Gobiernos municipales - con el objetivo de prevenir y sancionar el acoso, la violencia y la discriminación en el internado rotatorio y la residencia médica, así como fortalecer las condiciones de formación en el área de salud.

Entre las principales medidas, se plantea la aprobación de una Ley contra el acoso laboral y la ratificación del Convenio 190 de la OIT. Asimismo, se recomienda la implementación de políticas públicas integrales y un Plan Nacional de Salud Mental que atienda las problemáticas identificadas en la formación médica, entre otras.