Gestor de Notas de Prensa

El día de ayer, la Carretera La Paz – Oruro y parte de la ciudad de El Alto vivió nuevamente una jornada de alta conflictividad social, con enfrentamientos entre sectores movilizados, efectivos policiales y militares, que han generado afectaciones a la integridad de las personas, así como incertidumbre, malestar y preocupación en la población que no forma parte del conflicto. La prolongación de estos hechos en los últimos días ha impactado de manera significativa en la convivencia social.

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, preocupadas institucionalmente ante la escalada de conflictividad por la que atraviesa el país, los hechos de violencia suscitados el día de hoy, las expresiones verbales ofensivas, así como la vulneración de derechos humanos y las afectaciones a terceros, manifiestan su honda preocupación ante esta situación que no debiera presentarse bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo entre los bolivianos.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales de promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos, expresa su profunda preocupación ante la intensificación de la conflictividad social registrada en el país durante los últimos días.

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en memoria de la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retirar la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. En Bolivia, esta fecha fue reconocida mediante el Decreto Supremo Nº 1022 de 26 de octubre de 2011.

Ante la grave situación de conflictividad que atraviesa nuestro país, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y organizaciones de la sociedad civil expresan su profunda preocupación por los hechos recientes que vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la democracia, la cultura de paz y la convivencia pacífica.

La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de El Alto, ante la situación de conflictividad social y los bloqueos que persisten en distintas regiones del país, sobre todo en el departamento de La Paz, expresamos nuestra preocupación por el impacto humano, económico y social que esta crisis está provocando en miles de familias bolivianas. 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la persistencia de vulneraciones a los derechos laborales y económicos en Bolivia, reflejadas en el incremento de conflictos sociales vinculados a demandas de estabilidad laboral, pago oportuno de salarios, condiciones dignas de trabajo y afectaciones económicas derivadas de la actual coyuntura nacional. Según el Reporte de Conflictividad correspondiente al primer trimestre de 2026, las demandas relacionadas con derechos económicos y sociales, así como aquellas vinculadas a derechos laborales, constituyen uno de los factores predominantes de la conflictividad en el país, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta estatal oportuna.

El Defensor del Pueblo expresa su profunda consternación y condena el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en circunstancias violentas que deben ser objeto de investigación por las autoridades competentes.

El Defensor del Pueblo expresa su profunda preocupación ante los hechos registrados en inmediaciones de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, donde periodistas y trabajadores de la prensa denunciaron haber sido afectados por el uso de agentes químicos, empujones y otras acciones policiales mientras realizaban labores de cobertura informativa durante la movilización protagonizada por la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia.

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones emitidas por el Senador Branko Marinkovic, en un medio de comunicación radial, en las que incurrió en expresiones de carácter misógino y discriminador contra las mujeres y los pueblos campesinos e indígenas, en el contexto del debate sobre el proyecto de Ley N° 157.