Gestor de Notas de Prensa

En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo, a objeto de resguardar los derechos humanos, a la protesta pacífica, la integridad personal y las garantías de la población no movilizada, viene realizando seguimiento y verificación de escenarios de conflictividad social registradas en distintas regiones del país, en torno a la vigencia del Decreto Supremo N° 5503.

La Defensoría del Pueblo destaca que en los pasados días tanto el gobierno como diversos sectores y organizaciones sociales hubieran optado por el diálogo como la vía para buscar un entendimiento en torno al D.S. 5503. El diálogo abierto, inclusivo y sin condiciones constituye la vía más adecuada para canalizar las demandas sociales y prevenir la escalada del conflicto.

Ante las situaciones de conflictividad social que se vienen registrando en distintos puntos del país, como consecuencia de las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional mediante D.S. N.º 5503, la Defensoría del Pueblo considera imprescindible que las diferencias y preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad sean abordadas y encauzadas, de manera prioritaria, a través del diálogo, entendido como el mecanismo más eficaz para la resolución pacífica de los conflictos y la preservación de la cohesión social.

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de las recientes medidas anunciadas por el Gobierno, las cuales tienen alcance económico, social y administrativo, y cuyo proceso de implementación incidirá en distintos sectores de la población.

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de presuntos hechos de ocupación de tierras por parte de terceros en la Comunidad Tie Uña del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) de la Central Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano (CANOB), Comunidad Ayoreo “Tobité II”, territorio que cuenta con Título Ejecutorial TCONAL000013, de fecha 17 de diciembre de 1999, ubicado en el municipio de Roboré del departamento de Santa Cruz.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, expresa su profunda preocupación ante las denuncias de hechos de persecución y hostigamiento que, desde 2023, estarían afectando el ejercicio de las funciones públicas de la concejala de Potosí, Reyna Menacho.

La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la actual situación institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual no cuenta con el quórum indispensable para el ejercicio pleno y regular de sus atribuciones como Sala Plena.

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH y al sida, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar promoviendo acciones orientadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH/sida, así como de las poblaciones clave.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, ha dado seguimiento a los acontecimientos vinculados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En este marco, ha señalado en reiteradas oportunidades que la prórroga del mandato de cinco magistradas y magistrados resultó nociva para la institucionalidad democrática y para el respeto del orden constitucional, al implicar el ejercicio de funciones más allá del periodo fijado en seis años sin posibilidad de reelección.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, se suma a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que interpela a todo el Estado y a la sociedad boliviana a renovar su compromiso real y efectivo con la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres y niñas.