PRONUNCIAMIENTO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ALERTA SOBRE RIESGO DE AFECTACIONES AL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EXHORTA AL DIÁLOGO EN EL CONFLICTO DEL MAGISTERIO

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la escalada del conflicto protagonizado por el magisterio urbano en rechazo a la propuesta gubernamental de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.

En la verificación defensorial realizada los días 9 y 10 de noviembre a 48 unidades educativas del país, se constató que 27 suspendieron actividades escolares, dos las desarrollaron parcialmente y 19 mantuvieron clases con normalidad. La verificación comprendió 43 unidades educativas urbanas y cinco rurales, de los niveles inicial, primario y secundario.

Estos resultados evidencian afectaciones a la continuidad educativa y generan preocupación por el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, quienes no deben resultar perjudicados por conflictos sectoriales. La prolongación de la suspensión de clases podría profundizar las brechas educativas y afectar sus aprendizajes.

Asimismo, el monitoreo defensorial reportó la existencia de 17 piquetes de huelga de hambre en diferentes regiones del país, con la participación de 120 personas (69 mujeres y 51 varones), de las cuales 57 registraron bajas médicas. En La Paz, durante las movilizaciones del 10 de noviembre, se identificó a dos maestras heridas, quienes recibieron auxilio defensorial y fueron trasladadas al Hospital Metodista. Asimismo, se verificó la presencia de 30 personas arrestadas en instalaciones de la FELCC, entre ellas docentes y estudiantes, todas mayores de edad. La institución gestionó el ingreso de abogados para precautelar su derecho a la defensa técnica y constató que ninguna presentaba lesiones durante la verificación.

La Defensoría del Pueblo reconoce el derecho a la protesta y movilización social como expresiones legítimas de participación y reivindicación de derechos, en el marco de la Constitución Política del Estado y las normas vigentes. Sin embargo, recuerda que su ejercicio debe ser pacífico y responsable, respetando los derechos de las demás personas y evitando afectaciones a terceros.

En ese contexto, la institución defensorial exhorta a las organizaciones del magisterio movilizadas y a las autoridades del Gobierno Central, a retomar y privilegiar el diálogo como mecanismo democrático, pacífico y constructivo para abordar los puntos de desacuerdo.

En cumplimiento de su mandato constitucional de velar por los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo manifiesta su disposición de promover y facilitar espacios de diálogo entre las partes, contribuyendo a generar condiciones que permitan encontrar soluciones y prevenir mayores afectaciones a los derechos.

No obstante, es necesario precisar que la facilitación del diálogo por parte de la Defensoría del Pueblo no sustituye ni reemplaza la responsabilidad de los actores involucrados en la resolución del conflicto. Para que estos espacios prosperen y alcancen resultados concretos, es indispensable que tanto las organizaciones movilizadas como las autoridades gubernamentales demuestren voluntad, apertura y responsabilidad para abordar sus diferencias, construir acuerdos viables y asumir el compromiso efectivo de cumplirlos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo llama a los actores involucrados a actuar con responsabilidad y priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la educación, el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica, evitando que las diferencias sectoriales y gubernamentales profundicen las afectaciones a la población. 

La Paz, 11 de noviembre de 2026.