Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo investiga el posible extravío del expediente con las actuaciones sobre el caso de feminicidio de Stephanie Arias Caizana, asesinada en 2017, luego de recibir la denuncia de sus familiares. Con esta finalidad, esta mañana, personal defensorial llegó hasta el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, acompañado de Claudia Vega, de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, para solicitar información de dicho documento.

La Defensoría del Pueblo constató que los Institutos de Investigación Forense (IDIF) no cumplieron con las recomendaciones defensoriales emitidas en noviembre de 2020, que persisten las deficiencias y limitaciones que repercute en su trabajo, lo cual afecta en el acceso a la justicia por parte de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo cuestiona la inacción de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Monteagudo, y el trabajo ineficiente del Juzgado Público, Civil, Comercial y Sentencia Penal N.° 2 de Monteagudo en el caso de una ex funcionaria de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo, acusada de incumplimiento de deberes, que derivó en la anulación de la condena judicial en su contra. 

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el estado de salud y vida de Marco Antonio Aramayo Caballero, quien se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de Cotahuma de la ciudad de La Paz por un coma diabético según los reportes médicos preliminares; actualmente, se conoce que aún continúan siendo desarrollados exámenes médicos complementarios, sin embargo, llama  la atención que a más de cuatro días de su traslado a emergencias de un centro de salud, hasta la fecha no se cuenta con un diagnóstico completo y definitivo.

La Defensoría del Pueblo, comprometida con la memoria, la verdad y la justicia, a 41 años de la Masacre de la Calle Harrington recuerda y rinde homenaje a los ocho jóvenes dirigentes que, en 1981, en su inclaudicable lucha por la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos del pueblo boliviano, fueron torturados y asesinados por el régimen dictatorial de Luis García Meza. 

La Defensoría del Pueblo observó contradicciones en el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto la Dirección del Penal de San Pedro en torno a  la suspensión de la audiencia en la que el Ministerio Público debía presentar su requerimiento conclusivo en el proceso abierto en contra de Rubén Callata, acusado de golpear brutalmente a su pareja, Viviana Mallque, quien falleció el jueves tras más de seis meses de permanecer en estado vegetal a causa de los daños que recibió.

La Defensoría del Pueblo observó y cuestionó el lento avance en el caso de Viviana, la joven que estuvo siete meses en coma tras una golpiza de su pareja, Rubén Callata, quien podría quedar en libertad al haber transcurrido los seis meses de detención preventiva que le dieron por tentativa de feminicidio, sin que la Fiscalía haya presentado una acusación formal en este tiempo ni haya determinado su culpabilidad.

La Defensoría del Pueblo solicitó, formalmente, a la Fiscalía Departamental de La Paz y al Consejo de la Magistratura, establecer responsabilidades por la cesación de la detención preventiva de Sandro Z.C., acusado de violar a sus hijas y concederle detención domiciliaria sin considerar el riesgo de fuga.

La Defensoría del Pueblo cuestionó la decisión del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz que resolvió levantar la detención preventiva para Sandro Z.C., acusado de violar a sus dos hijas A.Z.I. y P.Z.I., desde que ambas tenían 7 y 6 años de edad, respectivamente, y concederle detención domiciliaria.

La Defensoría del Pueblo destaca la decisión de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de sancionar las modificaciones a la Ley N° 870 con la que le transfiere el Servicio para la Prevención de la Tortura. Con esta determinación el Estado boliviano cumple sus compromisos convencionales y las recomendaciones internacionales para garantizar un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura que sea independiente.