DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA AL ÓRGANO JUDICIAL A EMITIR CERTIFICADOS PARA EFECTIVIZAR EL INDULTO
08 de Diciembre de 2025 05:30 pm
La Paz, 8 de diciembre de 2025 (UCOM-DPB). – Ante la inminente vacación judicial a partir del 9 de diciembre, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a adoptar medidas urgentes para la emisión de los certificados requeridos por el Decreto Presidencial N° 5460, indispensables para que las personas privadas de libertad accedan al indulto. Actualmente, existen alrededor de 3.000 solicitudes pendientes de respuesta.
“Lamentablemente, a más de mes y medio de la promulgación del Decreto, hay aproximadamente 3.000 solicitudes a la espera del certificado del Tribunal Supremo de Justicia, y 700 adicionales en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Miles de personas privadas de libertad no pueden obtener este documento para acceder a una evaluación. La situación se agrava porque la vacación judicial impedirá la emisión de estos certificados, salvo que el Órgano Judicial adopte medidas urgentes para acelerar el proceso”, afirmó Callisaya en conferencia de prensa.
El Defensor explicó que este certificado es un documento fundamental que acredita la situación procesal de cada persona privada de libertad y determina si cumple los requisitos para acceder al beneficio. Su falta, añadió, profundiza la crisis penitenciaria.
"Exhortamos nuevamente al Órgano Judicial a que, en el marco de la renovación y orientación de la justicia, desarrolle las acciones pertinentes para la emisión oportuna de los certificados por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque se emitió el Instructivo 24/2025, lamentablemente este no se está consolidando y perjudica a las privadas de libertad. El Decreto dispone el indulto, aunque no resuelve el problema estructural. No se está cumpliendo”, remarcó.
La Defensoría del Pueblo recordó que, hace algunos meses, alertó sobre la situación carcelaria e impulsó reuniones con el TSJ, Régimen Penitenciario y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP). Asimismo, se enviaron notas formales al TSJ; sin embargo, pese a estos esfuerzos, no se adoptaron las medidas recomendadas para evitar perjuicios a la población privada de libertad.
