Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota formal remitida a la Canciller, Karen Longaric,  pidió que, en tanto se gestione el traslado al país de los ciudadanos bolivianos varados en Brasil, se pueda coordinar con las carteras de Estado que correspondan y las representaciones consulares más cercanas, para brindar atención a las necesidades de aquellos ciudadanos, tales como alimentación, asistencia médica, hospedaje y otros de primera necesidad.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Director General de Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), que disponga el uso de inmuebles para albergar a los bolivianos que se encuentran en los nueve departamentos del país, así como los del exterior, como quienes se hallan varados en Huara, Chile, como efecto de las disposiciones gubernamentales para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidente del Estado, Jeanine Áñez, la emisión de un Decreto Presidencial de Indulto extraordinario para reducir el hacinamiento penitenciario ante el peligro de contagio y propagación masiva del COVID-19 en recintos carcelarios; en otra nota al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió declarar estado de emergencia penitenciaria.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno medidas de protección para 729 personas que permanecen en distintas regiones del país porque no pudieron retornar a sus hogares  debido a la declaratoria de cuarentena y emergencia sanitaria por el COVID-19, y  comienzan a enfrentar carencias con el transcurrir de los días.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó al Estado el establecimiento de un reglamento de procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de coronavirus COVID-19, dado que existe una confusión de protocolos y rutas de atención; y solicitó una subvención de gastos funerarios para personas de bajos recursos económicos.

La Defensoría del Pueblo identificó vulneraciones a la continuidad del tratamiento del paciente Richard S. K., ejecutivo de la empresa AXS, quien falleció cerca a la medianoche del domingo 29, cuando era trasladado al Hospital del Norte en El Alto, con un diagnóstico positivo para el coronavirus COVID-19, y anunció una investigación de oficio sobre este hecho ante las varias interrogantes que existen.

La Defensoría del Pueblo evidenció que un centenar de camiones cargados de frutas, verduras, hortalizas y otros productos alimenticios, se encuentran varados desde el 28 de marzo de 2020 en el sector denominado “Escabeche”, en la ruta entre Caranavi y Quiquibey, en el norte paceño, debido a derrumbes en este tramo carretero, lo que impide que lleguen hasta su destino y afecten el abastecimiento de la población.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para proteger a las 209 bolivianas y bolivianos que se encuentran varados cerca de la frontera con Chile, impedidos por el Estado boliviano de retornar al país durante el periodo que dure la emergencia sanitaria y cuarentena total.

La Defensoría del Pueblo observa que existe escasa información oficial sobre las limitaciones del sistema de salud en el país, acerca de la adquisición de respiradores mecánicos, de la cantidad de unidades de terapia intensiva existentes, sobre la provisión de reactivos o insumos para la detección o testeo del COVID-19, y sobre la proyección de contagios en el territorio nacional.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó, a través de dos notas remitidas al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al Comandante General de la Policía, Gral. Rodolfo Montero, información sobre la reglamentación que regula la forma en que los efectivos policiales realizan el control del abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad establecidos en el Decreto Supremo 4200, especialmente a pequeños productores y comercializadores.