DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACOMPAÑA ACUERDOS PARA VIABILIZAR ATENCIÓN A PACIENTES RENALES Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS

La Paz, 16 de agosto de 2026 (UCOM-DPB).- La Defensoría del Pueblo como resultado de gestiones por el derecho a la salud de los pacientes renales, participó de un espacio de diálogo entre autoridades del Ministerio de Salud y Deportes, el Programa Nacional de Salud Renal y representantes de pacientes afectados de La Paz y El Alto.

La participación defensorial al diálogo surge tras un riguroso seguimiento a la demora de hasta ocho meses en los pagos estatales a clínicas privadas que prestan el servicio de hemodiálisis. Este retraso ponía en riesgo la continuidad asistencial de una población en extrema vulnerabilidad.

Durante el encuentro, la responsable de la Unidad de Investigaciones Defensoriales, Susana Salinas, informó que en el marco del seguimiento "se constató que los procesos desembolsables ya registran avances concretos, así como la resolución progresiva de la cartera adeudada a centros como la Clínica Agramónt, así como gestiones equivalentes para Santa Cruz y Cochabamba".

Entre los ejes centrales acordados está la agilización de pagos a los centros privados para asegurar la atención continua e ininterrumpida; el fortalecimiento de infraestructura para el equipamiento de sillones, máquinas de hemodiálisis y plantas de tratamiento de agua. Asimismo, la consolidación de mesas de trabajo sobre convenios de trasplante renal para ofrecer alternativas terapéuticas definitivas.

La reunión contó con la presencia de autoridades de la Direccion Nacional de Redes, el Programa Nacional de Salud Renal, la Dirección General Administrativa del Ministerio de Salud y los representantes de pacientes afectados, quienes suscribieron un acta para la respectiva formalización.

Desde hace unos meses los pacientes renales mantienen el estado de emergencia debido a las falencias identificadas que ponen en riesgo la salud. Ante esta situación la Defensoría del Pueblo mantiene continúa vigilancia activa sobre el cumplimiento estricto de los acuerdos, recordando que la protección del derecho a la salud es obligación del Estado, así como las acciones de prevención para evitar daños irreparables en la salud de las personas con insuficiencia renal.