Gestor de Notas de Prensa

La Paz, 3 de junio de 2024 (UCOM/DPB). - En el marco de la implementación del Plan de Acción Defensorial para Personas Trabajadoras Sexuales 2024-2028, las agrupaciones y representantes de dicha población en situación de vulnerabilidad, sostuvieron un encuentro con el personal de la Unidad de Derechos Generacionales y Género de la Defensoría del Pueblo, en el marco del 2 de junio, Día Internacional del Trabajo Sexual. En la oportunidad, el sector conoció que la versión preliminar del Protocolo de Intervención de la Policía en lugares donde se ejerce el trabajo sexual, que se encuentra en la última fase de elaboración. 

La Paz, 3 de junio de 2024 (UCOM/DPB).- El Delegado Defensorial Adjunto para la Protección de Derechos Humanos Generacionales, Género y Diversidades, Ronald Céspedes Barriga, señaló que el feminicidio de Diana, una trabajadora sexual asesinada en El Alto el pasado 2 de junio, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo Sexual, pone de manifiesto la permanente vulnerabilidad de las personas trabajadoras sexuales, especialmente de las mujeres trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero.  

La Paz, 13 de enero de 2023 (UCOM/DPB).- La Defensoría del Pueblo sostuvo un encuentro con representantes de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN-B), espacio en el cual socializaron el Plan de Acción Defensorial 2024 – 2026 para Personas en Ejercicio del Trabajo Sexual, que contempla el formulario de referencia y contrareferencia para recepción de denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos además, de la Guía de Intervención de la Policía en contextos donde existe trabajo sexual. 

El Alto, 12 de enero del 2024 (UCOM-CREA). – Ante la denuncia de la Organización de Trabajadoras Nocturnas (OTN-B), sobre la retención del cuerpo sin vida de una de sus afiliadas en el Hospital Municipal Modelo Corea de la urbe alteña, la Defensoría del Pueblo a través de la Coordinación Regional El Alto realizó un verificativo, intervino en el caso y gestionó la entrega del cuerpo a la organización.

La Paz, 3 de marzo de 2023.- La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y Deportes y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, acordaron esta jornada la efectivización de tres acciones para la protección del ejercicio del trabajo sexual.

La Delegación Defensorial de La Paz consiguió el compromiso del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de emitir un instructivo para que las libretas de salud de las trabajadoras sexuales ya no exhiban sus fotografías, a fin de velar por su derecho de reserva y confidencialidad.

La Defensoría del Pueblo detectó que el Estado incumplió su deber de garantizar el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales, con relación a la detección y prevención de las ITS y VIH, durante la pandemia de la COVID-19, además que incurrió en una deficiente implementación del registro, entrega y control de las Libretas de Salud, que no adoptó protocolos de bioseguridad y que, incluso, permitió la violencia institucional, por parte de policías y guardias municipales, en contra de este grupo poblacional vulnerable, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Descarga Informe Defensorial

La Defensoría del Pueblo observó que a dos meses de concluir este año, el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas (CPCTTP), a la cabeza  del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, recién aprobó el Informe de Ejecución de la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos de la gestión 2019 y el Plan de Actividades para la gestión 2020.

La Defensoría del Pueblo, tras conocer de las agresiones físicas que un efectivo policial infringió contra una mujer trans trabajadora sexual, en la ciudad de Cochabamba, inició una investigación ya que lo ocurrido muestra actos de discriminación y transfobia, que vulneran y transgreden la normativa.

La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que señala que trabajadoras sexuales del local “Casa de Senet”, ubicado en la zona Piñami Chico del municipio de Quillacollo, fueron víctimas de violencia institucional, estigmatizadas, afectadas en su dignidad, privacidad e imagen y en su derecho al trabajo. Responsabiliza de excesos y agresiones en contra de ellas, a efectivos de la Policía Boliviana, a una Concejala municipal y funcionarios  ediles.