DEFENSORÍA DEL PUEBLO EVIDENCIA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE TRABAJADORAS SEXUALES EN QUILLACOLLO PIDE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES

La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que señala que trabajadoras sexuales del local “Casa de Senet”, ubicado en la zona Piñami Chico del municipio de Quillacollo, fueron víctimas de violencia institucional, estigmatizadas, afectadas en su dignidad, privacidad e imagen y en su derecho al trabajo. Responsabiliza de excesos y agresiones en contra de ellas, a efectivos de la Policía Boliviana, a una Concejala municipal y funcionarios  ediles.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, llegó este martes a Cochabamba para la presentación de la  mencionada Resolución, en la que se incluye nueve determinaciones y recomendaciones; entre ellas, la de iniciar un proceso disciplinario contra la concejala Angelina Zeballos Corani, a fin de investigar y sancionar los actos de discriminación, estigmatización y arbitrariedades que habría cometido contra las trabajadoras sexuales en el operativo realizado el pasado 21 de febrero, en el que participaron 40 efectivos policiales.

Respecto a la participación policial en el operativo realizado, la institución defensorial recuerda a la Policía que es competencia del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, a través del Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia, ejecutar las acciones de vigilancia y control de los carnets sanitarios de trabajadoras sexuales, debiendo ajustar su accionar al apoyo y coordinación conforme lo establecido por la norma; asimismo, pide instruir el respeto de los derechos humanos de los y las trabajadoras sexuales en operativos policiales, sancionar a aquellos uniformados que los vulneren e implementar un plan de capacitación sobre discriminación y derechos humanos de esta población.

Ante la denuncia recibida por la Organización de Trabajadoras Nocturnas, contra servidores públicos del Gobierno Municipal de Quillacollo, la Concejal Zeballos y la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo encontró evidencias que el ingreso al “lenocinio” se realizó de forma agresiva y que las trabajadoras sexuales habían sido agredidas por los vecinos.

“Se ha comprobado, a través de los testimonios de las víctimas y la falta de pronunciamiento de la autoridad municipal denunciada, que en el operativo realizado las trabajadoras sexuales recibieron un trato indigno e irrespetuoso por parte de la Concejal denunciada; además, se identificó un accionar defectuoso por parte de Gobierno Municipal y la Policía, así como una intervención carente del deber de protección, exponiendo a las trabajadoras sexuales a agresiones por parte de los vecinos, quienes atentaron contra la integridad física de esta población”, manifestó Cruz.

La Resolución Defensorial contiene nueve recomendaciones dirigidas al Concejo y Ejecutivo Municipal de Quillacollo, al Comando General de la Policía, Comando  Departamental de Cochabamba, Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a la FELCC de Quillacollo, al Servicio Departamental de Salud y a la Jefatura Departamental de Trabajo, instancias que serán notificadas para el cumplimiento de las mismas.