Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la omisión del Estado boliviano para establecer medidas diferenciadas para la protección de esta población frente a la COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que una eventual clausura de las radios comunitarias sería un acto ilegal y que las declaraciones del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en sentido de que habría que clausurarlas, se convierten en un amedrentamiento directo en contra de ellas. 

La Defensoría del Pueblo lamentó el fallecimiento de Julio Pinto Mamani, la décima víctima de la denominada masacre de Sacaba, en Cochabamba, donde se produjeron muertos y heridos tras la intervención conjunta de fuerzas militares y policiales a la manifestación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, en el puente Huayllani, el 15 de noviembre de 2019, e instó a las autoridades, a siete meses de lo ocurrido, a agilizar la investigación para que esos hechos no queden en la impunidad.

La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la prohibición de no regresividad de los derechos culturales de las naciones y pueblos indígena campesinos, que tras la fusión de tres ministerios del Estado, principalmente el de Culturas, podría derivar en un retroceso.

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno central y a las entidades territoriales autónomas a activar acciones integrales y urgentes para la protección de los pueblos indígenas frente a la pandemia de la COVID-19, ante el riesgo de extinción física y cultural de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como el pueblo Yuqui, que en una muestra de siete personas, se detectó cuatro positivos y tres en espera de sus resultados.

La Defensoría del Pueblo planteó al Gobierno incluir a los actores sociales en la construcción, implementación, control de estrategias y mecanismos para evitar la propagación del coronavirus una vez concluya la cuarentena total; asimismo, pidió acciones urgentes para replantear las medidas de promoción de la salud y prevención de la COVID-19, incluyendo un enfoque de derechos humanos e intercultural, a fin de generar aceptación y accesibilidad en la población.

La Defensoría del Pueblo denunció una serie de atropellos protagonizados por guardias municipales de la Alcaldía de San Javier, en Santa Cruz, en contra de indígenas de la Central Indígena Paikoneka, cuando intentaron tomar la sede de esa organización con el argumento de convertirlo en un centro de atención para pacientes con COVID-19.

La Defensoría del Pueblo observa que el Decreto Supremo 4232, de 7 de mayo de este año, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.

La Defensoría del Pueblo demandó a todos los niveles del Estado activar acciones de prevención y protección para las naciones y pueblos indígena orginarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento y no contactados, frente a los riesgos que conlleva la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.