Defensor del Pueblo exhorta a diálogo urgente con sectores campesinos movilizados en Pando ante conflictividad por proyecto de Ley N° 157

La Paz, 9 de abril de 2026 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, a convocar de manera urgente a un proceso de diálogo con los sectores campesinos movilizados, ante el incremento de la conflictividad social en el departamento de Pando en relación con el proyecto de Ley N° 157.

La autoridad defensorial, mediante nota oficial, advirtió sobre la necesidad de priorizar mecanismos democráticos y pacíficos de gestión de conflictos, en resguardo de los derechos humanos, en particular el derecho a la participación, a la consulta previa, libre e informada, y al acceso a la tierra de las comunidades campesinas.

Cabe señalar que, para su plena vigencia, toda norma debe ser publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, esta formalidad aún no se habría cumplido en el caso del proyecto de Ley N° 157. La propuesta normativa establece la posibilidad de que propietarios de pequeñas propiedades agrarias puedan reclasificar voluntariamente sus tierras a la categoría de mediana propiedad o empresarial, lo que ha generado preocupación en distintos sectores sociales por sus posibles impactos.

Según la información recabada por la Defensoría del Pueblo, la movilización iniciada el 7 de abril por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, desde el municipio de Porvenir con destino a la ciudad de La Paz, expresa su rechazo a la norma debido a que, según sus representantes, no se habría garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada, ni procesos adecuados de socialización.

Asimismo, los sectores movilizados manifestaron su preocupación por los posibles efectos de la norma en el acceso a la tierra y la seguridad jurídica, considerando que en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Pando se encuentran en trámite aproximadamente 250 solicitudes de dotación de tierras por parte de comunidades campesinas, lo que podría agravar situaciones de vulnerabilidad y desigualdad en el acceso a este derecho.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo recordó que el derecho a la consulta previa, libre e informada está reconocido en la Constitución Política del Estado y en instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades en decisiones susceptibles de afectarles directamente.

Frente a este escenario, la institución instó a promover un espacio de diálogo amplio, inclusivo, intercultural, informado y transparente, que permita la adecuada socialización del contenido de la norma, garantice la participación efectiva de los sectores involucrados y atienda las preocupaciones relacionadas con el acceso a la tierra, la seguridad jurídica y otros derechos conexos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró su disposición de coadyuvar en estos procesos, enfatizando que el diálogo oportuno, el respeto a los derechos humanos y la inclusión de los actores sociales son fundamentales para prevenir la escalada de conflictos, fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar la convivencia pacífica.