Gestor de Notas de Prensa

La Paz, 24 de mayo de 2025.- A meses de realizarse las ‘Elecciones Nacionales 2025’ y en cumplimiento del calendario electoral, la Defensoría del Pueblo recordó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, ante actos de racismo y discriminación, debe aplicar rigurosamente las sanciones establecidas en la Ley Nº 045 ‘Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación’.

En el marco del Día contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, instituido cada 24 de mayo, la Defensoría del Pueblo convoca a instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad a luchar de forma coordinada y articulada para erradicar el racismo y la discriminación, aún presente en nuestro país.

La Defensoría del Pueblo, expresa su enérgica condena a las manifestaciones racistas del Vicepresidente del Concejo Municipal de Trinidad, Arnoldo Méndez, quien en un acto político de dicha agrupación, utilizó términos racistas para referirse hacia las personas del occidente del país que migran y se establecen en el departamento del Beni. Estas manifestaciones constituyen claros discursos de odio, no admitidos bajo ningún concepto a título de libertad de expresión, menos cuando vienen de servidores públicos electos y candidatos que disputarán las próximas elecciones, al ser por sí mismos una flagrante violación de  derechos humanos y un acto deplorable que no debe tolerarse en ninguna institución pública ni mucho menos en una instancia legislativa que está en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

La Paz, mayo 22 (UCOM/DPB). – Con el propósito de generar incidencia en la normativa, políticas públicas, investigación, educación en derechos humanos, alerta y prevención de racismo y discriminación, la Defensoría del Pueblo instituyó el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD).

La Paz, 19 de mayo de 2025 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, informó que la institución que lidera, ya cuenta con un Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación que trabaja en fortalecer la lucha contra este flagelo social mediante la investigación, incidencia en políticas públicas y la atención de casos. 

La Paz, 26 de marzo de 2025.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó una acción de libertad ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO) en favor de dos ciudadanos orureños que, según denuncia, están siendo perseguidos injustamente solo por haber exigido protección para una adolescente víctima de agresión sexual.

La Paz, febrero 12 (UCOM/DPB). - Ante prácticas y discursos de racismo y discriminación, la Defensoría del Pueblo a través de un Pronunciamiento y una nota dirigida al presidente del Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación solicitó: “convoque a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia, con la finalidad de analizar y concretar acciones conjuntas para atender la problemática expuesta”.

La Paz, febrero 09 (UCOM/DPB). – Ante contenidos difundidos en redes sociales en los cuales se menosprecia el voto universal instaurado en el país desde 1952, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reivindicó este derecho y reprochó los discursos de racismo y discriminación que muestran un “profundo desconocimiento de los derechos humanos”, y la lucha histórica de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas, ante lo cual se debe aplicar la Ley 045.

La Paz, 21 de enero de 2025.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señala que el trasfondo del “Caso Tunas”, es la problemática estructural que viven miles de mujeres bolivianas que crían solas a sus hijos; la autoridad defensorial convoca al Estado y a la sociedad en general a no naturalizar los hechos de racismo y discriminación; así también evitar, la difusión indiscriminada que pueda revictimizar a las personas afectadas. 

Detrás de la vulneración a los derechos humanos hay una multiplicidad de factores que se entrelazan, así como las cargas sociales que soportan las víctimas por la insuficiente intervención del Estado en su rol de garante de los derechos humanos.