PRONUNCIAMIENTO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A LA INVESTIGACIÓN INMEDIATA Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A FAVOR DEL DIRIGENTE INDÍGENA JAVIER FERNÁNDEZ TUNO Y SU FAMILIA

La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato constitucional de promoción, difusión y defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra, manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente las amenazas de muerte e intentos de intimidación denunciados a través de redes sociales contra el presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), Javier Fernández Tuno, y su entorno familiar. Estas amedrentaciones derivarían del ejercicio legítimo de sus acciones legales e institucionales en defensa del río Madre de Dios frente a la contaminación y problemas generados por la minería aurífera.

Al respecto, es preciso recordar que la labor que desempeñan las autoridades y dirigentes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos —como la ejercida por el dirigente Javier Fernández Tuno— constituye una expresión fundamental del ejercicio de los derechos colectivos, la libre determinación, la gobernanza territorial y la salvaguarda de la vida, la salud, el agua y la seguridad alimentaria de sus comunidades. La criminalización, persecución o amedrentamiento hacia el liderazgo indígena desarticula el tejido social y desconoce su rol histórico en la protección del patrimonio natural amazónico.

​En el marco del ejercicio de la fiscalización comunitaria y la defensa ambiental frente al avance de la minería y sus impactos por mercurio, se recuerda que, conforme al Acuerdo de Escazú, ratificado mediante Ley N.º 1182 de 4 de junio de 2019, el Estado boliviano tiene la obligación ineludible de garantizar un entorno seguro y propicio, adoptando medidas adecuadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar todo ataque, amenaza o intimidación contra las personas que denuncien o hagan conocer vulneraciones a los derechos humanos en asuntos ambientales.

​En consecuencia, la Defensoría del Pueblo activa el seguimiento, acompañamiento y vigilancia estricta a las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, los ministerios correspondientes y las autoridades de la Jurisdicción Agroambiental, exhortándoles a actuar con la debida diligencia para la pronta identificación de los responsables de estas amenazas y la consolidación de garantías reales para la labor del dirigente Javier Fernández Tuno. Se mantendrá un monitoreo permanente para asegurar el cumplimiento de las garantías del debido proceso, la no vulneración de los derechos colectivos y la protección integral de quienes defienden la Amazonía y los derechos de la Madre Tierra.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) con estatus “A”, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el ejercicio de sus funciones, actúa con independencia y autonomía plena y no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

 La Paz, 29 de octubre de 2026.