DEFENSORÍA DEL PUEBLO REMITE AL ÓRGANO EJECUTIVO Y LEGISLATIVO INFORME SOBRE MINERÍA Y DERECHOS HUMANOS
28 de Septiembre de 2026 03:31 pm
La Paz, 28 de septiembre de 2026.– La Defensoría del Pueblo remitió oficialmente al Órgano Ejecutivo y al Órgano Legislativo el Informe Técnico INF/DP/ANDEF/UDDI/2026/74, denominado “Análisis defensorial integral sobre las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos y de la Madre Tierra ante la expansión extractiva de la minería ilegal, vacíos en el régimen de adecuación y desafíos en el control estatal en Bolivia”.
El documento, recibido este 25 de septiembre mediante las notas Cite NE/DP/ANDEF/UDDI/2026/118 y NE/DP/ANDEF/UDDI/2026/118.1, presenta alertas y recomendaciones en el marco de las atribuciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos.
El informe analiza afectaciones así como el riesgo a futuras afectaciones a los derechos a la vida, salud, agua, alimentación y medio ambiente sano, así como a los derechos de la Madre Tierra, vinculadas a actividades mineras y sus impactos socioambientales. También aborda la situación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, el acceso a información y justicia ambiental, y la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
Entre los antecedentes considerados se encuentra el Informe Defensorial Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el mercurio (2017-2022), además de información secundaria sobre contaminación por mercurio en poblaciones amazónicas y otros impactos ambientales. Asimismo, se analizan disposiciones administrativas y normativas vinculadas al sector minero y la necesidad de garantizar la consulta previa, libre e informada .
La Defensoría también incorpora en el informe acciones defensoriales y decisiones judiciales relacionadas con la protección socioambiental, entre ellas la SCP 1326/2023-S1, la Resolución N° 266/2025 y la Resolución Agroambiental N° 80/2025, además de las experiencias de Alto Beni y Palos Blancos, cuyos gobiernos municipales adoptaron normas vinculadas a la protección de sus territorios.
A partir de estos hallazgos, la institución recomienda fortalecer las acciones estatales de prevención, fiscalización, control y protección ambiental, garantizar la participación y el acceso a información de las poblaciones afectadas, y asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y administrativas en materia socioambiental. La Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento correspondiente, en el marco de sus competencias, para contribuir a la protección de los derechos humanos y de la Madre Tierra.
