SOBRE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la actual situación institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual no cuenta con el quórum indispensable para el ejercicio pleno y regular de sus atribuciones como Sala Plena.

La falta de este quórum, originada por la permanencia de exautoridades que extendieron su mandato sin respaldo constitucional, ha provocado un serio debilitamiento en el funcionamiento de la justicia constitucional. Esta situación podría afectar el avance de los casos, la mora judicial y poner en riesgo las garantías fundamentales que dependen del trabajo oportuno del TCP.

La reciente decisión de la justicia que dispuso el cese de las autoridades que continuaban en funciones sin contar con un mandato vigente, es un paso importante para restablecer el orden constitucional. Ahora corresponde a las instancias competentes determinar, con respeto al debido proceso, las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos, a fin de evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

La Defensoría del Pueblo exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a actuar con prontitud para dar una salida institucional a esta situación. Como primer paso, es indispensable que se convoque de manera inmediata al proceso de preselección de candidatas y candidatos para ocupar las magistraturas vacantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este proceso debe desarrollarse con transparencia, participación, igualdad y respeto a los méritos, asegurando que la posterior elección popular, prevista en la Constitución, pueda realizarse con oportunidad.

Al mismo tiempo, es fundamental garantizar la continuidad del trabajo del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia durante el tiempo que dure este proceso. Para ello, su funcionamiento debe mantenerse únicamente con las autoridades actualmente habilitadas por la Constitución. Cualquier mecanismo que no esté previsto por la norma constitucional podría volver a afectar la institucionalidad democrática y generar una nueva ruptura del orden constitucional. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma que la salida de esta crisis exige un compromiso firme con la legalidad, el respeto a la institucionalidad y la protección de los derechos humanos. Solo así se podrá asegurar a toda la población una justicia independiente, imparcial y al servicio de la ciudadanía.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los Órganos del Estado.

La Paz, 1 de diciembre de 2025..