DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A GARANTIZAR LA VIDA, INVESTIGAR LOS HECHOS Y FORTALECER LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD TRAS LOS SUCESOS DE VIOLENCIA EN COLCAPIRHUA

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Colcapirhua, en Cochabamba, que dejaron dos personas fallecidas, varios civiles y policías heridos, además de personas aprehendidas. Estos sucesos vulneran gravemente el derecho a la vida y la integridad, y evidencian un serio deterioro de la convivencia democrática.

La institución defensorial recuerda que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de proteger la vida y la seguridad de todas las personas, debiendo actuar siempre bajo estándares de derechos humanos. En ese marco, es imprescindible que el Estado articule de manera inmediata las investigaciones sobre posibles responsabilidades institucionales y operativas, así como la identificación de responsables individuales por las consecuencias de estos hechos. Un esclarecimiento oportuno es esencial para evitar la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a realizar una investigación célere, idónea, exhaustiva e imparcial, que determine las responsabilidades colectivas e individuales conforme a los más altos estándares de debida diligencia.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría está realizando el seguimiento integral de la conflictividad y verificando el respeto a la dignidad humana, lo que incluye el acceso a atención médica de las personas heridas, el respeto del debido proceso para las personas aprehendidas y el acompañamiento a las investigaciones vinculadas con las personas fallecidas. Toda la información recabada será sistematizada en un informe defensorial que será puesto en conocimiento de las autoridades y de la población para contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer la gestión pública de la conflictividad mediante mecanismos permanentes de diálogo y atención temprana de las demandas sociales. Solo una acción estatal articulada y preventiva evitará la escalada de tensiones y la repetición de hechos como los registrados en Colcapirhua.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

La Paz, 10 de diciembre de 2025.