ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO GARANTIZA ESTABILIDAD LABORAL A PACIENTE CON CÁNCER EN ORURO

Oruro, 30 de diciembre de 2025 (UCOM/DPB).– La Defensoría del Pueblo logró una decisión judicial favorable que garantiza la estabilidad laboral y el acceso a la salud de una paciente con cáncer en el departamento de Oruro. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro concedió tutela a la acción de amparo constitucional interpuesta por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, disponiendo la reincorporación laboral, la reafiliación al seguro de salud y el pago de salarios devengados a favor de una trabajadora del área de salud.

La intervención defensorial se activó tras conocer la denuncia por la desvinculación de una enfermera de la Caja Nacional de Salud – Regional Oruro, quien fue diagnosticada con cáncer durante la vigencia de un contrato eventual. Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo realizó inicialmente gestiones en la vía persuasiva, con el objetivo de restituir los derechos fundamentales de la trabajadora y de su hija de 10 años, particularmente los derechos a la salud, a la alimentación, a la estabilidad laboral y a la seguridad social.

Al no obtener una respuesta favorable por parte de la entidad empleadora, la institución defensorial presentó una acción de amparo constitucional. La Sala Constitucional Primera resolvió conceder la tutela, disponiendo la inmediata reincorporación de la trabajadora a un cargo similar al que ocupaba, la reafiliación al seguro de salud para garantizar la continuidad de su tratamiento oncológico y el pago de los salarios devengados.

Este fallo no solo permite la restitución de los derechos vulnerados en un caso concreto, sino que sienta un precedente jurídico relevante, al reafirmar la protección reforzada del derecho a la estabilidad laboral de las personas que padecen cáncer, en concordancia con la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional.

La decisión judicial se sustenta en el marco normativo que protege de manera específica a las personas con enfermedades graves, así como en los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que establecen la prohibición de actos discriminatorios y la obligación de garantizar la continuidad del acceso a la salud y a la seguridad social.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, y recuerda que ninguna condición de salud puede constituirse en motivo de discriminación ni de pérdida de derechos laborales, reiterando su labor permanente de vigilancia y acción constitucional para la protección efectiva de los derechos fundamentales.