DEFENSORÍA DEL PUEBLO INICIA CICLO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA PROPUESTA DE REFORMA JUDICIAL CON ENFOQUE DE DD.HH.

La Paz, 2 de diciembre (UCOM/DPB). – Con la participación de diversas instituciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo inició el primer ciclo de socialización de la propuesta “Una reforma judicial con enfoque en Derechos Humanos”, que busca promover la participación colectiva de todos los sectores de la población para avanzar hacia una reforma efectiva del sistema judicial en el país.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que este ciclo tiene como uno de sus principales objetivos promover la “participación ciudadana plena”, incluyendo a las víctimas de un sistema judicial deficiente, así como impulsar la participación en el diseño de políticas públicas y fortalecer el ejercicio constitucional de la soberanía popular.

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“Hay desafíos que tenemos que ir asumiendo con responsabilidad para el funcionamiento de la administración de justicia (…) por eso estos escenarios de reflexión conjunta nos permiten construir criterios que en su momento puedan generar conclusiones y recomendaciones que asuman las autoridades”, reflexionó Callisaya.

Este primer espacio de socialización, con énfasis en poblaciones en situación de vulneravilidad, contó con exposiciones de Susana Saavedra, directora ejecutiva de la Fundación Construir, y Claudia Terán, representante de Red Unitas.

Saavedra coincidió con el diagnóstico de la Defensoría del Pueblo sobre las falencias estructurales del sistema judicial, que abarcan desde la falta de presupuesto hasta la ausencia de meritocracia en la designación de jueces. Recordó que en los últimos 30 años se han impulsado reformas judiciales, normativas, constitucionales, procedimentales, políticas y administrativas que aún no han sido concluidas. “La reforma de la justicia no es algo nuevo, no estamos empezando de cero, pero tampoco son temas concluidos”, precisó.

Por su parte, Terán señaló que el diagnóstico de su institución identifica falencias en la administración de justicia, especialmente en la atención de casos de agresiones a la prensa y la criminalización de defensores de derechos ambientales.

Este primer encuentro concluyó con cinco puntos enmarcados en el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad, con énfasis en población en situación de vulnerabilidad y sectores específicos como los defensores de derechos humanos en temas ambientales.

La directora de Planificación de la Defensoría del Pueblo, Jennifer Guachalla, explicó que el primer punto está relacionado con la necesidad de una reforma penal para garantizar un acceso real a la justicia. Un segundo punto se refiere a la independencia judicial, que incluye la carrera judicial, el nombramiento de autoridades, el presupuesto y su ejecución.

Un tercer aspecto abordado fue la lucha contra la corrupción, que demanda políticas de transparencia en el Órgano Judicial. “No tenemos una política específica sobre transparencia en el Órgano Judicial; este no es un tema menor”, señaló Guachalla. Un cuarto eje fue el pluralismo jurídico, con la pendiente reforma de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

El quinto eje se refiere a la modernización de la gestión judicial, especialmente la necesidad de profundizar la digitalización de expedientes como parte de un modelo de gestión de calidad.

Finalmente, el Defensor del Pueblo anunció que estos espacios de reflexión continuarán, apostando al trabajo colectivo para avanzar hacia una reforma judicial con enfoque de derechos humanos.