A un año de la Ley 1168, la Defensoría del Pueblo observa que persisten problemas en los trámites de adopción

A un año de la vigencia de la Ley 1168, que tiene como fin reducir los tiempos y trámites para la adopción nacional e internacional, los cuales no pueden exceder tres meses, computables desde la admisión de la demanda por la autoridad judicial hasta la sentencia, la Defensoría del Pueblo identificó deficiencias y debilidades que afectan en la aplicación de esta norma.

La institución realiza un relevamiento de información a nivel nacional para identificar las problemáticas que impiden una eficiente implementación de la ley 1168 y deben ser subsanadas, entre ellas se encuentran la falta de capacitación y socialización de esta normativa; de protocolos actualizados; de procesos de información y concienciación sobre la adopción, su implicancia, requisitos y procedimientos dirigido a las y los futuros adoptantes; de personal especializado en las diferentes instancias competentes, en particular en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA).

También se identificó debilidades en el cumplimiento de las atribuciones de las DNA, respecto a acciones de reinserción familiar de niñas, niños y adolescentes que permanecen en centros de acogida; en cuanto a la atención de las demandas de extinción de autoridad paterna y materna; falta de comunicación a la autoridad judicial sobre acogimiento circunstancial o egreso de centros, falta de seguimiento a los procesos de adopción iniciados y mecanismos digitalizados para el seguimiento de las y los operadores.

Esta situación, indicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, no debe dejarse de lado durante este periodo de pandemia, pues el confinamiento dispuesto por esta medida no es igual para todos, pues las niñas, niños y adolescentes institucionalizados no se quedan en casa, sino en instituciones del Estado, y se ven afectados en su derecho a crecer en un entorno familiar.

“Ante esta situación instamos a las instituciones y servicios de protección de esta población a que no interrumpan las circunstancias, herramientas y mecanismos existentes para las adopciones a fin de garantizar el derecho a vivir en familia, en especial en favor de quienes se encuentran en acogimiento institucional; los convocamos a no cesar ni disminuir la eficacia de sus funciones, en este periodo de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19”, manifestó.

La Defensoría del Pueblo dentro de las acciones que realiza para promover las adopciones, llevará adelante una campaña de difusión de materiales informativos y de sensibilización a través de redes sociales con el hashtag #AdoptaresAmar #DerechoaVivirenFamilia. Este material en formato físico será remitido a las instituciones públicas y privadas que trabajan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, este mes se realizará la segunda versión del curso virtual “Derecho a Vivir en Familia”, a través de la Delegación Departamental de Oruro y la Coordinación Regional de Riberalta, dirigido a servidores públicos de los gobiernos autónomos departamentales y municipales de esas regiones, así como para docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni. La primera versión de este curso se desarrolló entre abril y mayo de la presente gestión, en la que participaron  531 participantes de los cuales 135 aprobaron el curso.

La Defensora considera que debemos deconstruir cualquier tabú, mito o prejuicio sobre la adopción  y concebirla como algo normalizado y positivo, como un acto de amor y compromiso que permite a una niña, niño o adolescente desarrollarse en un entorno familiar donde se respeten y protejan todos sus derechos.