Accidente aéreo: Defensoría del Pueblo sigue situación jurídica de 44 personas procesadas tras audiencias cautelares

El Alto, 03 de marzo de 2026 (UCOM/DPB).- La Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad de Coordinación Regional El Alto, realiza el seguimiento a la situación de las 44 personas procesadas por el Juzgado de Instrucción Penal 1° de El Alto por el presunto delito de Robo Agravado y otros delitos tras el accidente ocurrido en el aeropuerto de esta urbe. 

Durante las audiencias extendidas por más de 16 horas, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva de 25 personas, la aplicación de detención domiciliaria para otras 18 y concedió libertad pura y simple para una persona.

“Las audiencias se instalaron a las nueve de la mañana y concluyeron a la una de la madrugada de este tres de marzo, las mismas se llevaron a cabo de manera virtual y estuvieron relacionadas con el hecho aeronáutico suscitado el 27 de febrero, en la urbe alteña”, señaló el responsable de la Coordinación Defensorial en El Alto, Fernando Claros, a tiempo de señalar que, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se hace un seguimiento a los hechos que derivan de este caso. 

En la primera audiencia, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de 19 imputados - 16 varones en el penal de Patacamaya y 3 mujeres en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes - además de 14 detenciones domiciliarias y una libertad irrestricta. Posteriormente, en una segunda audiencia se determinó la detención domiciliaria de cuatro personas, mientras que en la tercera audiencia una persona más fue beneficiada con la misma medida sustitutiva.

Desde el día del accidente aéreo, la Defensoría del Pueblo desplegó acciones de monitoreo para verificar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de las personas aprehendidas, en el marco de sus atribuciones constitucionales de protección y defensa de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando seguimiento permanente al caso con el fin de defender los derechos humanos y la situación jurídica de cada persona se defina dentro de los plazos establecidos por ley y con estricto apego a las garantías constitucionales.