BOLIVIA SEDE INTERNACIONAL: NUEVE PAÍSES REFLEXIONAN SOBRE LA CRISIS CARCELARIA Y EL ROL DE LOS MNP EN AMÉRICA LATINA

Santa Cruz, 3 de septiembre de 2026 (UCOM-DPB).– Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNP) de nueve países de Latinoamérica y organismos internacionales analizan la crítica situación que atraviesan los centros penitenciarios de la región. El encuentro se desarrolla en el marco del Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América Latina”, convocado por el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya.

Durante el trabajo en mesas técnicas, las delegaciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia coincidieron en que la inseguridad, el hacinamiento crítico y la falta de políticas públicas integrales constituyen factores directos de vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

El representante del MNP de Perú, Luis Alfredo Ling, advirtió sobre la complejidad que enfrenta el sistema penitenciario de su país a causa de la impunidad y el autogobierno. “Existen establecimientos controlados por los propios internos con la aquiescencia de funcionarios estatales. Esto, sumado a niveles de hacinamiento que alcanzan el 400%, genera un entorno propicio para la reiteración de actos de tortura y tratos crueles”, señaló.

Por su parte, el representante del MNP de Costa Rica, Esteban Vargas, enfatizó la necesidad de ponderar la función de custodia con el respeto irrestricto a la condición humana y señaló que “el régimen de seguridad carcelaria debe mantener un estricto equilibrio con la dignidad de las personas, toda vez que esta constituye el fundamento esencial de los derechos humanos”.

A su turno, la representante de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Laura Pamela Ruiz, sostuvo que la crisis penitenciaria en su país “responde a fallas estructurales de la política criminal”, por lo que instó a adoptar un modelo basado en evidencia, resocialización efectiva y prevención primaria de violaciones a derechos humanos.

En relación con la gestión estatal, el representante del MNP de Paraguay, Óscar Ayala, señaló que la evaluación de los sistemas penitenciarios exige una perspectiva amplia e interdisciplinaria: “No basta con revisar la institucionalidad o la legislación procesal penal; es indispensable incidir en el ámbito macro de las políticas públicas, la asignación presupuestaria y la inversión social”.

Desde la perspectiva local, el responsable del MNP de Bolivia, Marco Loayza, identificó como factores estructurales de riesgo “la debilidad del Estado de derecho, los índices de corrupción, la impunidad sistemática, las barreras de acceso a la justicia y la erosión del principio de prohibición absoluta de la tortura”.

Respecto al uso de la fuerza en los procedimientos de aprehensión y detención, el representante del Comité de Prevención contra la Tortura de Chile, Daniel Soto, subrayó la urgencia de estandarizar las actuaciones policiales.

“Es imperativo contar con registros rigurosos sobre el uso de la fuerza que precisen quién registra, qué datos se consignan, en qué plazos y quién tiene acceso a dicha información, a fin de identificar patrones, prevenir abusos y consolidar la supervisión institucional”, afirmó.

En esa misma línea, la directora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, Daniela Alcántara, coincidió en que los MNP enfrentan desafíos análogos en la región y destacó la importancia de que los Estados adopten e institucionalicen estas buenas prácticas.

Finalmente, el representante de la Procuraduría Penitenciaria Nacional de Argentina, Ariel Cejas, destacó que la aplicación sistemática de estándares internacionales ha permitido reducir las denuncias por tortura en su jurisdicción. A su vez, el representante de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) de Argentina, Rodrigo Solá, remarcó que las labores de monitoreo, informes y recomendaciones deben incorporar transversalmente un enfoque sensibles al género, generacional, intercultural e interseccional.

El seminario internacional, que se lleva a cabo este 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, cuenta también con la participación de representantes del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).