Comisión acuerda trabajo articulado en prevención y atención oportuna de delitos de feminicidio, infanticidio y violación contra niñas, niños y adolescentes

Se planificó la instalación de mesas departamentales simultáneas en las nueve capitales de departamento que empezarán a trabajar desde el mes de septiembre

Sucre, 22 de agosto de 2023 (UCOM/DPB).- Enmarcados en el Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, los Gobiernos Autónomos Municipales y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), se acordó trabajar en la implementación sostenida de políticas de prevención y mecanismos eficaces para la atención y tramitación oportuna de delitos de feminicidio, infanticidio y violación contra niñas, niños y adolescentes.

Además, se conformó la Directiva de la Comisión Nacional, quedando como Presidente, la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar; Vicepresidente, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce; Secretario Técnico, el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro; la primera y segunda vocalía a cargo de los representantes de la FAM-Bolivia y de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (AGAMDECH).

El Delegado Defensorial de Chuquisaca, Humberto Mayorga, participó de esta primera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Coordinación y Cooperación Interinstitucional en representación del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Finalmente, se aprobó el Reglamento para el funcionamiento de la Comisión Nacional y Departamental de Coordinación y Cooperación Interinstitucional, que a partir de la fecha trabajará en todo el país, a través de sus representantes; en virtud a ello, se planificó la instalación de Mesas Departamentales simultáneas en las nueve capitales de departamento para el 04 de septiembre venidero.

El Convenio suscrito el 05 de diciembre de 2022, tiene como objetivo generar mecanismos eficientes, eficaces y oportunos que garanticen la tramitación de los casos de Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes y delitos de Feminicidio e Infanticidio, asimismo implementar políticas públicas de prevención, en el marco de las atribuciones de cada institución.