COMUNICADO

La Defensoría del Pueblo, ante la declaratoria de pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 emitida por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, expresa preocupación por las insuficientes medidas que adopta el Estado para su prevención, contención y tratamiento.

La falta de atención a pacientes confirmados de coronavirus, como las señoras mayores de 60 años de Santa Cruz y de Oruro, cuyo peregrinaje en busca de atención ha sido de conocimiento público, demuestra que las acciones adoptadas por el Gobierno central no son suficientes para hacer frente a esta enfermedad.

Es obligación de la Defensoría del Pueblo exhortar al Ministerio de Salud, como ente rector en la materia, a asumir la responsabilidad de actuar de manera oportuna para que este flagelo no cobre vidas en Bolivia. Para lo cual es importante  transparentar los protocolos y procedimientos de contención y tratamiento; informar respecto a los establecimientos de salud habilitados a nivel nacional para la atención de los pacientes; garantizar que éstos se encuentren equipados conforme a normas de bioseguridad, con personal en salud capacitado, con equipos de seguridad para el personal de salud destinado a atender a estos pacientes; y socializar las características de la enfermedad y de los hábitos de prevención.

Es imperativo atender las recomendaciones de la OMS, en cuanto a preparar los servicios sanitarios, a contar con suficientes pruebas diagnósticas para detectar el virus y de material sanitario necesario para hacer frente a la llegada de enfermos a los hospitales.

Se puede deducir una falta de difusión de información por parte del Estado respecto a las características del Covid-19 y, principalmente, en cuanto a las medidas o protocolos para su prevención, contención y tratamiento, tanto en establecimientos de salud, en aeropuertos, puntos fronterizos, e incluso en aislamientos dentro de los domicilios.

También, se observa una situación preocupante en el sistema de salud, porque se están suscitando rechazos de atención en hospitales a personas sospechosas de Covid-19, debido a que el personal en salud carece de medidas de seguridad y de insumos. Ante esta situación, el establecimiento de salud debe asegurarse que el potencial paciente con COVID-19 reciba atención en otro centro, que cuente con las condiciones necesarias, y no limitarse únicamente al rechazo.   

La Defensoría del Pueblo invoca a la sociedad civil a que, en el marco del derecho a la vida, se respete el acceso al servicio de salud y se permita la atención de los pacientes en los establecimientos habilitados para tal efecto; pues esta enfermedad puede caer sobre cualquier persona y todos tenemos el derecho a una atención oportuna, que precautele la vida y la salud. La no atención implica la ausencia de valoraciones médicas integrales, que son la única forma técnica de detectar una infección para evitar una mayor propagación del virus.