CONTAMINACIÓN MINERA EN VIACHA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACTIVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN

La Paz, septiembre 15 (UCOM/DPB).– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que, tras constatar una “debilidad institucional” en la gestión del conflicto por la contaminación de recursos hídricos en Viacha, la institución activó una acción constitucional contra diferentes instancias del Estado, en resguardo de los derechos fundamentales de la población de este municipio.

“Tras múltiples gestiones y seguimientos a las denuncias de contaminación del agua con cianuro, que no obtuvieron respuestas efectivas de las instancias competentes, desde la Defensoría del Pueblo, en ejercicio del mandato constitucional establecido en el Art. 222 de la CPE, presentamos una Acción Popular”, señaló Callisaya a través de su cuenta en X (Twitter).

El Defensor explicó que la acción busca que la justicia constitucional “ordene a las autoridades responsables de desplegar acciones coordinadas de control y fiscalización sobre las actividades mineras en el municipio, para garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano y equilibrado, así como la protección integral de los derechos de la Madre Tierra”. 

El anuncio se realizó en el programa de streaming “El Defensor con el Pueblo”, que esta semana abordó el tema “Contaminación de recursos hídricos – caso Viacha”, con la participación de representantes de la Asociación Multidisciplinaria de Consultores Ambientales, Leonardo Blanco y Rafael Anze, y del gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha, Ing. Eddy Gutiérrez.

Durante las conclusiones del programa, el Defensor del Pueblo, evidenció la importancia de tener presente la complejidad de los actores institucionales que están involucrados en la actividad minera. “La funcionalidad misma, que nos han descrito nuestros invitados va desde el gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno central a través de diferentes instancias, quienes cuentan con diferentes herramientas, como el manifiesto ambiental, las licencias de operación, y otras actuaciones, las cuales están orientadas a que esta actividad pueda ser regulada”, apuntó.

Para Callisaya, “la debilidad institucional en el cumplimiento de sus funciones por parte de estas instancias no ha logrado generar una real supervisión”, por eso, la institución a su cargo, impulsó articular el Comité Interinstitucional existente, donde todas las instancias competentes han desarrollado diferentes reuniones con la finalidad de que éstas puedan asumir sus competencias. “Pese a toda esta situación no se han podido lograr algunos resultados esperados conforme a lo panificado en el plan de acción y que esto ha generado a su vez diferentes conflictos socio ambientales con las recurrencias que hoy conocemos”, lamentó la autoridad defensorial.

De acuerdo al Defensor del Pueblo, la importancia de promover la protección del derecho a la salud con un efectivo control y protección del agua que consume la población, la importancia de cuidar de la vida de las personas, la salubridad y la salud pública, han propiciado que la Defensoría del Pueblo presente esta acción constitucional en contra de: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable, el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, “con la finalidad de que estas puedan asumir realmente el mandato legal que les asiste en estos temas donde se pone en riesgo la salud pública, la salubridad y el derecho de acceso al agua”. 

“Esperamos esta acción pueda acogerse plenamente por la jurisdicción constitucional y regularizarse la esencia misma de supervisión y control que deben ejercitar estas instituciones del Estado”, concluyó Callisaya.