CONVERSATORIOS EN DEMOCRACIA ABORDAN LOS DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 50/50

La Paz, 11 de agosto de 2026 (UCOM-DPB).- La Agenda 50/50 debe incorporar un enfoque de derechos humanos y considerar cinco elementos fundamentales: la materialización de los derechos humanos, una descentralización efectiva, la equidad territorial, la profundización de la participación de los sectores sociales y la evaluación de la implementación de la agenda, planteó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

La declaración de la autoridad fue realizada durante la inauguración del panel “Explicando 50/50: Poder, recursos y participación”, desarrollado en el marco de los “Conversatorios en Democracia”, organizados por la Defensoría del Pueblo en alianza estratégica con la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bolivia.

“No podemos hablar de esta Agenda 50/50 si la limitamos simplemente a una redistribución de recursos o de competencias, sino en la medida en que también puede tener una seria incidencia, desde un enfoque de derechos humanos, en el ejercicio propiamente de estos derechos”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

En ese marco, Callisaya señaló cinco elementos que debe tomar en cuenta el proceso de construcción e implementación de la Agenda 50/50: incorporar un enfoque de derechos humanos que permita materializar el ejercicio efectivo de los derechos y fortalecer las instituciones, más allá de la redistribución formal; garantizar una distribución de recursos, competencias y capacidades institucionales que permita acercar la gestión pública a la población; promover la equidad territorial con el objetivo de cerrar brechas económicas, territoriales e institucionales; profundizar la participación, la transparencia y la rendición de cuentas; y establecer mecanismos de evaluación de la implementación de la Agenda 50/50 mediante indicadores financieros, sociales y de derechos humanos.

El panel contó con la participación de los expertos Rafael Loayza, Iván Finot y Diego Rodríguez, bajo la moderación del periodista Abdel Padilla, y congregó a una importante cantidad de público en instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de La Paz.

Durante su exposición, Rafael Loayza señaló que el camino hacia el 50/50 podría generar varios tipos de conflictos: uno vertical, entre el nivel central y las gobernaciones, por la administración de recursos; otro horizontal, entre los departamentos, por los recursos de la coparticipación en función de la población; y un conflicto subnacional, entre gobernaciones y municipios, debido a sus diferentes capacidades de gestión.

En ese contexto, Loayza planteó la necesidad de establecer reglas claras para evitar que se amplifique la conflictividad, además de promover la “solidaridad territorial”, entendida como la disposición de las regiones a ceder en determinados aspectos a cambio de una gobernanza multinivel; una correspondencia permanente entre recursos y competencias; gradualidad con hitos verificables; y, finalmente, una comunicación preventiva.

Por su parte, Iván Finot, a partir de un breve diagnóstico, planteó que, para una aplicación efectiva del 50/50, se requiere diferenciar entre la descentralización política, en la que los gobiernos subnacionales toman decisiones con autonomía, y la descentralización operativa, en la que los gobiernos subnacionales ejecutan decisiones nacionales, como las relacionadas con subsidios, salud y educación.

Finalmente, Diego Rodríguez señaló que la Agenda 50/50 debe mantener un equilibrio entre la distribución de competencias, las capacidades institucionales y la discusión en torno a los recursos.