Conversatorios en Democracia analiza situación de la minería en Bolivia

La Paz, 28 de octubre de 2026 (UCOM-DPB).- Especialistas e investigadores analizaron el impacto ambiental, los derechos humanos, la estabilidad económica, la legalidad y propuesta del nuevo modelo minero, en el Conversatorio en Democracia: ¿Es posible una minería responsable en Bolivia?: Retos para un  desarrollo sostenible. 

Durante su participación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que desde 2012 la institución defensorial realiza seguimiento a la problemática mediante informes defensoriales y acciones judiciales. Recientemente, advirtió la presencia de empresa mineras dentro del Paque Nacional Madidi, denuncio la vulneración de la consulta previa a los pueblos indígenas, además del trabajo infantil y adolescente en centros mineros (Potosí).

“Lo que ocurre en torno a la minería ilegal y a la débil fiscalización estatal no son hechos aislados, son un patrón sistemático de afectación a los derechos humanos, a los derechos de la Madre Tierra y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesino y pueblos afro bolivianos”, afirmó. 

Por su parte, Christine Rohrs, representante de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bolivia, institución estratégica aliada en la organización de los Conversatorios, destacó el análisis del tema por el nivel de ingresos y los impacto al medioambiente derivados por la contaminación de mercurio. Asimismo, destacó la participación de los panelistas: Héctor Córdova, Claudia Flores y Alfredo Zaconeta. 

El analista Héctor Córdova, en su exposición sobre la realidad de la minería en Bolivia, afirmó que Bolivia pierde cada año 7.000 millones de dólares por la exportación de  concentrados, la situación de COMIBOL, de las empresas privadas y las cooperativas en la actividad minera. Ante este panorama planteó seis reformas y seis cambios normativos prioritarios para ordenar el sector minero. 

“Tiene que haber el derecho al veto de las comunidades, a las cooperativas hay que acomodarlas en su lugar, regalías uniformes, mismos impuestos, cero subvenciones y las ventas deben bancarizarse en Bolivia. La minería es un sector grande en volumen, pequeño en retorno, hay que trabajar sobre la equidad fiscal, la formalización de las comunidades, las utilidades deben quedarse en el país”, enfatizó. 

Por su parte, la especialista Claudia Flores, expuso las afectaciones socioambientales y vulneraciones de derechos humanos de grupos vulnerables producto de la contaminación con mercurio, cianuro y metales pesados en área protegidas y territorios indígenas. Igualmente, plateó acciones prioritarias del Estado, la Asamblea Legislativa y los actores del sector, en el marco del informe remitido al Gobierno.

“Se debe garantizar la consulta previa libre e informada, en el marco del acuerdo de Escazú; Proteger grupos vulnerables para erradicar el trabajo infantil en minas; proteger a mujeres de la violencia y precariedad; atender intoxicaciones por mercurio en naciones y pueblo indígenas; apoyar municipios agroecológicos y fortalecer la fiscalización para aplicar sanciones efectivas”, puntualizó.

Finalmente, el investigador Alfredo Zaconeta, en su presentación de la crisis a la oportunidad planteó 15 lineamientos para una política pública minera responsable en Bolivia, entre ellas destacan: el cumplimiento del Convenio de Minamata, la modificación de la Ley 535, la consulta previa y vinculante, el ordenamiento territorial, la erradicación del trabajo infantil, la conformación de una fuerza de tarea conjunta y una reforma tributaria pata el sector, entre otros. Además, de la participación complementaria de diferentes sectores en la construcción de una nueva ley.

“Se esta discutiendo una ley minera en la actualidad pero solamente con los actores mineros cuando la visión debería ser incluir a la sociedad civil, la cooperación extranjera, la academia, los centros de estudio e incluso los afectados de la actividad minera”, señaló Zaconeta.