Declaración de Santa Cruz plantea una agenda regional para prevenir la tortura y proteger los derechos de las personas privadas de libertad
03 de Septiembre de 2026 02:45 pm
Santa Cruz, 3 de septiembre de 2026 (UCOM DPB).— Bajo la organización de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNP) y otras entidades de América Latina acordaron fortalecer la cooperación regional para impulsar una agenda común orientada a la prevención de la tortura, el mejoramiento de los sistemas penitenciarios y la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad.
La Declaración de Santa Cruz sobre los Sistemas Penitenciarios y la Prevención de la Tortura en América Latina fue suscrita por los participantes del seminario internacional efectuado el 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
El documento reconoce los avances normativos e institucionales alcanzados en la región para garantizar la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, advierte que persiste una brecha significativa entre el reconocimiento formal de los derechos humanos y su aplicación efectiva en los lugares de privación de libertad. Esta situación se refleja en el hacinamiento, las condiciones inadecuadas de detención, las deficiencias en materia de salud y alimentación, las dificultades de gestión penitenciaria y los obstáculos para la rehabilitación y reinserción social.
Frente a esta realidad, los participantes exhortaron a los Estados de América Latina a colocar la dignidad humana y la integridad personal en el centro de sus políticas penitenciarias, mediante la adopción de medidas estructurales destinadas a prevenir la tortura y otros malos tratos.
Asimismo, expresaron su preocupación ante los órganos de justicia y los ministerios públicos por el uso excesivo de la detención preventiva, al considerar que, cuando deja de ser una medida excepcional, puede convertirse en una pena anticipada, incrementar la población penitenciaria y profundizar el hacinamiento y el deterioro de las condiciones de detención.
La Declaración también manifiesta especial preocupación por los hechos de violencia ocurridos al interior de los centros penitenciarios, los cuales afectan de manera particular a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas mujeres, pueblos indígenas, personas migrantes, adolescentes, personas con discapacidad y personas con problemas de salud mental. Ante estas situaciones, se plantea la necesidad de adoptar respuestas diferenciadas y aplicar enfoques de género, generacional, intercultural, interseccional y de derechos humanos.
El documento advierte, además, que la violencia intracarcelaria, la presencia y actuación de estructuras criminales, las deficiencias en la gestión, el uso arbitrario o excesivo de la fuerza y determinadas prácticas disciplinarias pueden generar condiciones propicias para la vulneración de derechos y constituir factores de riesgo. Asimismo, señala que la falta de investigaciones eficaces y sanciones adecuadas favorece contextos de impunidad que perpetúan estas violaciones.
La Declaración destaca la importancia del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), así como el rol de los MNP, las INDH y otros organismos de supervisión independiente y periódica como herramientas clave para la prevención en los centros de detención.
En este marco, los participantes se comprometieron a:
Fortalecer el monitoreo preventivo: Realizar visitas periódicas, independientes e integrales a los lugares de privación de libertad, llevar a cabo entrevistas confidenciales, identificar riesgos, formular recomendaciones y realizar el seguimiento de sus resultados.
Incorporar enfoques transversales: Incidir en los sistemas penitenciarios para integrar perspectivas de género, generacional, intercultural, interseccional y de diversidad.
Fomentar el intercambio regional: Promover el uso compartido de información, metodologías, herramientas y buenas prácticas entre INDH y MNP.
Impulsar la agenda regional: Propiciar acciones coordinadas para la prevención de la tortura en la región.
Promover reformas penitenciarias: Impulsar políticas que reduzcan el uso de la prisión preventiva, fortalezcan las medidas alternativas, mejoren las condiciones de detención y garanticen la rehabilitación con un enfoque centrado en los derechos humanos, la interculturalidad y la interseccionalidad.
Al concluir el encuentro impulsado por la entidad estatal boliviana, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reafirmó la responsabilidad del Estado de garantizar la vida, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad, así como de prevenir la tortura considerando las desigualdades estructurales de los sistemas penitenciarios.
Finalmente, Callisaya convocó a las instituciones de derechos humanos de la región a articular una respuesta conjunta. “Les invito a que este encuentro no sea un punto final, sino el comienzo de una acción regional sostenida por la dignidad, la prevención y la defensa irrestricta de los derechos humanos”, concluyó.
