Defensor del Pueblo alerta afectación a población vulnerable en medio de la conflictividad social por dificultades en alimentación, medicamentos y oxígeno

La Paz, 04 de junio de 2026 (UCOM/DPB).- La Defensoría del Pueblo realizó entre el 29 de mayo y el 1 de junio verificaciones en 10 hospitales públicos, ocho centros de acogida de niñas, niños y adolescentes y seis hogares de personas adultas mayores en La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Cochabamba. El monitoreo evidenció afectaciones en el acceso a derechos básicos de personas internadas y bajo protección estatal en el marco de la conflictividad social que atraviesa el país.

“En 35 días de conflicto, se evidencia con alta preocupación la afectación a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas en centros de acogida, hospitales y hogares, particularmente en lo referido a medicamentos y alimentación, lo que pone en serio riesgo el derecho a la vida. Recordamos al Estado, en sus diferentes niveles, su obligación de garantizar estos derechos y exhortamos a adoptar medidas inmediatas para asegurar condiciones suficientes que precautelen el derecho a la salud y la vida”, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro.

En el caso de hospitales públicos, el informe advierte que dos establecimientos —el Hospital de la Mujer de La Paz y el Hospital Boliviano Holandés de El Alto— reportan desabastecimiento crítico de oxígeno, con reservas estimadas únicamente para tres días, debido a bloqueos que impiden el paso de cisternas.

Asimismo, el Hospital de Clínicas de La Paz presenta déficit parcial de oxígeno, con una proyección de cobertura de aproximadamente cuatro días tras una donación del Ministerio de Salud, en un contexto en el que las cisternas permanecen retenidas en rutas como La Apacheta y Río Seco. Otros dos hospitales, el Hospital del Norte de El Alto y el Hospital San Juan de Dios de Oruro, se encuentran en riesgo de desabastecimiento.

En cuanto a la alimentación hospitalaria, seis de los diez hospitales brindan cinco comidas diarias; sin embargo, se reportaron reducciones en la cantidad y calidad de los alimentos. Se identificaron además restricciones en el acceso a alimentos frescos y limitaciones para garantizar dietas especiales a pacientes con enfermedades crónicas y condiciones específicas.

Respecto a los centros de acogida de niñas, niños y adolescentes, los ocho establecimientos mantienen la provisión de cinco comidas diarias; no obstante, la escasez de insumos ha obligado a modificar dietas y reducir porciones en algunos casos. En alimentos frescos, tres centros presentan provisión irregular y la Villa Infantil “Nueva Esperanza” de Cochabamba no cuenta con abastecimiento, con reservas limitadas.

En los hogares de personas adultas mayores, se evidencian restricciones presupuestarias y efectos del incremento de precios que han derivado en reducción de porciones, sustitución de alimentos y dificultades para garantizar una alimentación suficiente y continua.

Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con los gobiernos autónomos departamentales y municipales, garantizar de manera inmediata el abastecimiento de medicamentos esenciales y la provisión ininterrumpida de oxígeno medicinal, así como fortalecer los mecanismos de regulación, seguimiento y control del sistema de abastecimiento.

Asimismo, exhortó a los gobiernos subnacionales a asegurar recursos suficientes para alimentación, medicamentos e insumos; agilizar procesos de contratación pública; implementar sistemas de alerta temprana; y monitorear la provisión de alimentación en centros de acogida y hogares, incluyendo aquellos de administración privada no estatal, para precautelar el derecho a la alimentación.

A las direcciones de hospitales, centros de acogida y hogares se recomendó fortalecer la planificación alimentaria, asegurar stocks mínimos de seguridad y priorizar la atención diferenciada de población vulnerable.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a todas las instancias del Estado a garantizar la libre transitabilidad de insumos esenciales como alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, así como a adoptar medidas interinstitucionales urgentes para mitigar los efectos de la conflictividad social en la prestación de servicios esenciales y proteger de manera prioritaria a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y pacientes hospitalizados.

La institución defensorial pone a disposición de la población sus canales de atención y denuncia: Línea Gratuita Nacional 800-10-8004 y WhatsApp de Emergencias 720-06607.