Defensor del Pueblo alerta por creciente violencia en cárceles de Bolivia y exhorta al Estado a fortalecer la prevención de la tortura

​Santa Cruz de la Sierra, 2 de septiembre de 2026 (UCOM-DPB).– En la inauguración del Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre el incremento de la violencia en los centros penitenciarios de Bolivia, donde en lo que va del año se registraron 17 muertes violentas. Ante esta situación, la autoridad exhortó a las instituciones del Estado a prevenir la tortura de manera prioritaria.

​“Hay un proceso de producción de violencia muy trascendente, con una cifra no vista antes, porque son 17 muertes violentas en lo que va del año en Bolivia, considerando que todo el año 2025 se tuvieron 15 eventos de esta naturaleza”, señaló Callisaya durante el evento organizado por la Defensoría del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), con el apoyo de la AECID, la Embajada de Suiza en Bolivia y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

​Callisaya informó que el país atraviesa una “grave crisis de justicia en el área penitenciaria”. Actualmente, más de 33.000 personas se encuentran privadas de libertad en 46 recintos, registrando un hacinamiento crítico cercano al 109% en penales como San Pedro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz), lo que ha provocado un debilitamiento general en los sistemas de salud, seguridad y alimentación. Asimismo, remarcó que el 53.9% de los internos se encuentra bajo detención preventiva, lo cual demuestra que el ámbito de justicia ha optado por considerar a las cárceles como un depósito de personas "indeseables" para la sociedad.

​Ante este panorama, el Defensor instó al Estado a superar la respuesta reactiva y transformar las condiciones estructurales que favorecen la violencia y los malos tratos. Para ello, remarcó la importancia de fortalecer mecanismos de prevención independientes, dotados de recursos suficientes y con acceso efectivo a todos los lugares de custodia o control estatal.

​“La verdadera medida del éxito no será cuántas denuncias de tortura se reciben, sino cuántas condiciones que hacen posible la tortura han sido eliminadas para que podamos medir efectivamente una incidencia desde la institucionalidad regional que ahora está presente en este evento”, añadió Callisaya.

​Al finalizar, planteó cuatro desafíos centrales a los países participantes: analizar la persistencia de la tortura en contextos de privación de libertad, el uso de discursos de seguridad para justificar la restricción desproporcionada de derechos, las condiciones estructurales de detención incompatibles con la dignidad humana y la falta de capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar estos hechos.

​​Durante el acto de apertura, el representante de OACNUDH, Hernán Vales, enfatizó que la protección de los derechos de las personas privadas de libertad no es tarea exclusiva de las instituciones penitenciarias: “Se trata de una responsabilidad transversal que involucra a los tres poderes del Estado y que requiere también la participación de la sociedad en su conjunto”.

​Por su parte, la Embajadora de Suiza en Bolivia, Maja Messmer, señaló que la prevención de la tortura debe ser una “prioridad permanente”, orientada a fortalecer las instituciones de derechos humanos y promover la cooperación regional para consolidar mejores sistemas penitenciarios.

​En esa misma línea, el representante de AECID, Jesús Molina, subrayó que “prevenir la tortura no significa reaccionar cuando se ha producido una vulneración, la prevención requiere instituciones independientes, mecanismos eficaces de monitoreo, información y evidencia de calidad, seguimiento de recomendaciones, formación de especializada de operadores públicos y una cultura comprometida con la dignidad humana”.

​El seminario internacional se desarrolla este 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la participación de delegados del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, OACNUDH, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y los Mecanismos de Prevención de la Tortura de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Ecuador, Perú, Panamá, Paraguay y Bolivia.