DEFENSOR DEL PUEBLO ALERTA QUE EL ENCARECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS COMPROMETE EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y EXHORTA AL ESTADO A ADOPTAR MEDIDAS ESTRUCTURALES
06 de Julio de 2026 12:21 pm
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Durante la presentación del informe "Monitoreo del
Acceso a Alimentos y su Impacto en el Ejercicio del Derecho a la Alimentación
en Bolivia – 2026", la autoridad recordó que el acceso a una alimentación
adecuada constituye un derecho humano reconocido por la Constitución Política
del Estado y por los instrumentos internacionales de derechos humanos.
"La alimentación definitivamente no es un privilegio;
la alimentación es un derecho humano. La Defensoría del Pueblo, desde
septiembre de 2024, realiza un monitoreo permanente sobre el comportamiento de
los precios de los principales alimentos que consume la población
boliviana", afirmó Callisaya.
El monitoreo, realizado en los principales centros de abasto
de las nueve capitales de departamento y la ciudad de El Alto, evidencia
importantes diferencias regionales en el comportamiento de los precios. La Paz
y El Alto registraron los incrementos más severos durante el periodo crítico;
Cochabamba mantiene una tendencia sostenida al alza; mientras que Oruro y
Potosí reportaron incrementos desproporcionados en alimentos básicos e incluso
episodios de desabastecimiento de algunos productos esenciales.
Asimismo, el estudio revela el impacto directo sobre la
economía de los hogares. De las personas entrevistadas, el 63 % afirmó que su
presupuesto ya no alcanza para cubrir la alimentación familiar; un 22 % señaló
que solo logra satisfacer parcialmente sus necesidades alimentarias y apenas un
15 % considera suficiente su presupuesto para adquirir alimentos.
Callisaya señaló que esta situación obligó a numerosas
familias a reducir la cantidad y calidad de los alimentos que consumen,
modificar sus hábitos alimentarios y adoptar diversas estrategias para
garantizar su alimentación, reflejando que el incremento sostenido de los
precios ha dejado de ser un problema exclusivamente económico para convertirse
en un desafío de derechos humanos que requiere una respuesta integral del
Estado.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo afirmó que uno de
los principales hallazgos del monitoreo es que el incremento de los precios de
los alimentos no constituye únicamente una consecuencia de acontecimientos
coyunturales, como los bloqueos de caminos registrados durante el periodo
analizado, sino que forma parte de un proceso de encarecimiento estructural que
se ha manifestado en los últimos años como resultado de diversos factores
económicos y de las políticas implementadas, cuyos efectos continúan deteriorando
el poder adquisitivo de los hogares bolivianos y limitando el acceso a una
alimentación suficiente y adecuada.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó al
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y al Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras a fortalecer el monitoreo, control y seguimiento de
los precios de la canasta básica alimentaria; identificar las causas que
mantienen elevados los precios de los alimentos esenciales; y adoptar medidas
orientadas a mejorar su accesibilidad económica y prevenir distorsiones en la
cadena de abastecimiento.
Asimismo, recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas evaluar el impacto del incremento sostenido de los precios sobre el
poder adquisitivo de la población y fortalecer las medidas de protección
económica dirigidas prioritariamente a los hogares en situación de
vulnerabilidad.
La Defensoría también exhortó a los gobiernos
departamentales y municipales a reforzar las acciones de vigilancia del
abastecimiento y de los precios en los mercados, así como implementar medidas
que contribuyan a garantizar el acceso oportuno a alimentos esenciales,
especialmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El informe concluye que garantizar el derecho humano a la alimentación exige respuestas integrales y coordinadas del Estado para enfrentar no solo las contingencias que afectan el abastecimiento, sino también las causas estructurales que continúan encareciendo los alimentos y restringiendo el acceso de miles de familias bolivianas a una alimentación suficiente, adecuada y digna.
