Defensor del Pueblo alerta que la falta de normalidad en la distribución de combustibles podría poner en riesgo el ejercicio de derechos
29 de Junio de 2026 12:01 pm
La Paz, 29 de junio de 2026 (UCOM-DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó hoy los resultados de los verificativos realizados el 26 de junio en 20 estaciones de servicio de venta de gasolina especial y diésel, los cuales evidencian la persistencia de largas filas, tiempos críticos de espera y una reducción en la asignación de combustibles, situación que continúa afectando el ejercicio de los derechos de la población.
"La falta de normalidad en la distribución de combustible nuevamente podría colocar en riesgo el ejercicio de derechos y generar escenarios de conflictividad", alertó el Defensor del Pueblo, a tiempo de detallar que, producto de las verificaciones, existen "varios indicadores que apuntan al desabastecimiento, largas filas, reducción de cupos y presuntas afectaciones derivadas de la calidad del combustible".
El monitoreo defensorial constató que el 100% de las estaciones visitadas comercializaban gasolina especial; sin embargo, solo el 70% expendía diésel, mientras que el 30% restante no contaba con este carburante al momento de la verificación.
El informe evidencia que las mayores filas para el abastecimiento de gasolina se registraron en El Alto, Potosí, Trinidad, La Paz, Cobija, Oruro y Sucre, con entre 30 y 580 vehículos por estación de servicio. En el caso del diésel, las mayores concentraciones se observaron en Sucre, Potosí, Oruro, La Paz, El Alto, Cobija y Trinidad.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo identificó que los conductores permanecieron varias horas en espera para acceder a gasolina: más de 48 horas en Trinidad; entre 12 y 24 horas en Potosí; de 7 a 13 horas en Oruro; de 4 a 6 horas en Cochabamba; y más de tres horas en el resto de las ciudades verificadas. En el caso del diésel, se registraron esperas superiores a 72 horas en una estación de servicio de Oruro. Del total de vehículos observados en las filas, el 56% correspondía a particulares y el 44% al servicio de transporte público.
El 35% de las estaciones de servicio reportó una reducción de los cupos habituales, con disminuciones de entre el 17% y el 67% en gasolina, y de entre el 20% y el 50% en diésel.
Ante estos hallazgos y en el marco de sus atribuciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo emitió Requerimientos de Informe Escrito (RIE) a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el propósito de conocer las medidas adoptadas para enfrentar la crisis de abastecimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones estatales orientadas a garantizar el acceso regular, suficiente y de calidad a los combustibles.
El Defensor del Pueblo recordó que el abastecimiento oportuno de combustibles incide directamente en el ejercicio de múltiples derechos humanos, entre ellos la salud, la alimentación, el trabajo, la movilidad, el acceso a los servicios públicos y el desarrollo de las actividades económicas.
En ese marco, recomendó al Ministerio de Hidrocarburos y Energías y a YPFB adoptar medidas urgentes para restablecer el abastecimiento regular de gasolina y diésel en todo el territorio nacional, priorizando las regiones con mayores tiempos de espera. Asimismo, exhortó a YPFB a transparentar los criterios técnicos para la asignación de cupos y fortalecer los mecanismos de monitoreo del suministro, y a la ANH a intensificar las acciones de fiscalización para garantizar una distribución equitativa, continua y sin discriminación.
El Defensor del Pueblo informó que durante esta semana convocará al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, YPFB y la ANH a una reunión de trabajo para conocer, de manera directa y con certeza, el estado de situación de la provisión y comercialización de combustibles, así como las medidas que vienen siendo implementadas para restablecer el abastecimiento en el país.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando acciones de monitoreo, seguimiento y exigibilidad para que las autoridades competentes adopten medidas oportunas que permitan superar esta problemática y asegurar la protección efectiva de los derechos de la población boliviana.
