Defensor del Pueblo alerta que los incendios forestales constituyen un problema estructural que vulnera los derechos humanos y de la Madre Tierra

La Paz, 27 de julio de 2026 (UCOM-DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que los incendios forestales dejaron de ser un fenómeno estacional para convertirse en un problema estructural que vulnera los derechos a la vida, a la salud, al medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra. La afirmación fue realizada durante la presentación del séptimo reporte sobre incendios forestales, derechos humanos y derechos de la Madre Tierra.

“Desde la Defensoría del Pueblo queremos alertar que los incendios forestales han dejado de ser algo estacional, algo coyuntural, para convertirse en un problema estructural que afecta los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra”, señaló la autoridad defensorial.

De acuerdo con el informe, desde la gestión 2023 se registra una tendencia ascendente tanto en los focos de calor como en la superficie afectada por los incendios. El reporte señala que los focos de calor pasaron de 1.736, en su pico más alto de 2023, a 16.494 en 2024. En 2025, el pico más alto de focos de calor registró 2.536 y, al 21 de julio de 2026, la cifra alcanzó los 2.835.

La autoridad defensorial recordó que la Defensoría del Pueblo interviene en esta problemática mediante exhortaciones y solicitudes de acción dirigidas al Estado. En 2024 interpuso una acción popular y, desde 2025, como resultado de esa acción, realiza el seguimiento al cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024. Sin embargo, persisten la falta de medidas preventivas y la respuesta tardía del Estado frente a los incendios forestales.

“Tenemos todavía una debilidad en cuanto a la respuesta tardía para la activación de los comités operativos de emergencia municipales y departamentales, aunque ya se han realizado varios de estos ejercicios”, señaló Callisaya.

Añadió que existe una extrema precariedad logística que pone en riesgo la vida y la integridad de los bomberos, así como una permisividad normativa respecto a la investigación y sanción de los incendios provocados.

Respecto al cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024, en materia de tutela restauradora, el reporte evidencia que el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) no presentaron información sobre la magnitud de los daños ni sobre las acciones ejecutadas, con excepción del proyecto de Ley de Restauración impulsado por la Gobernación de Santa Cruz.

En cuanto a la tutela preventiva, el reporte identifica una omisión total por parte de las entidades del nivel central del Estado y únicamente acciones aisladas de los gobiernos municipales de Concepción y San Antonio de Lomerío, así como de la Gobernación de Santa Cruz. Asimismo, respecto al estado de cosas inconstitucional, señala que 47 municipios en riesgo no realizaron la rendición de cuentas a las comunidades.

Durante el periodo 2024-2026, la Defensoría del Pueblo realizó 73 acciones oficiales de seguimiento al cumplimiento de la resolución constitucional, emitió 41 notas exhortativas y recordatorios, sostuvo 14 reuniones estratégicas con autoridades de los niveles central, departamental y municipal, y desarrolló dos cursos de capacitación con la participación de 12 municipios y gobiernos departamentales. Además, emitió alertas mediante notas de prensa y cinco pronunciamientos institucionales.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo registró un avance del 6 % en el cumplimiento de las medidas relacionadas con la prevención de incendios y la presentación de un Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2026.

Durante la presente gestión, la institución también intervino de oficio en las emergencias registradas en los parques Tunari y Otuquis, donde coordinó acciones con distintas instituciones para contribuir al control de algunos incendios. Asimismo, destacó el impulso al modelo preventivo social implementado en el municipio de Concepción y la articulación del Encuentro Nacional de Bomberos, promovido por el Gobierno central y realizado en julio de este año.

Finalmente, Callisaya exhortó a las autoridades de los distintos niveles del Estado a cumplir la Resolución Constitucional 233/2024, fortalecer las acciones de prevención, investigar y sancionar las quemas ilegales, proteger las áreas protegidas, restaurar los ecosistemas, fortalecer las unidades de bomberos y mejorar la coordinación interinstitucional para enfrentar los incendios forestales.