Defensor del Pueblo alerta sobre ataques a instituciones de derechos humanos y pide garantizar su protección
28 de Abril de 2026 06:53 pm
La Paz, 28 de abril de 2026 (UCOM/DPB).– El Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Pedro Callisaya, expresó su preocupación por el incremento de ataques contra las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) a nivel mundial, en línea con la alerta emitida por expertos de la Organización de las Naciones Unidas, y advirtió sobre los riesgos que estas acciones representan para la vigencia del Estado de derecho.
“Coincidimos y nos sumamos a la preocupación expresada por expertos de la Organización de las Naciones Unidas ante el incremento de ataques contra las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”, escribió la autoridad en su cuenta de X.
https://x.com/PedroCallisayaA/status/2049222329125781845?s=20
El pronunciamiento surge a raíz de la alerta emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyos expertos advirtieron desde Ginebra sobre una escalada de ataques, amenazas, campañas de desprestigio y otras formas de intimidación dirigidas contra líderes y personal de las INDH en distintas regiones del mundo.
De acuerdo con el organismo internacional, estas instituciones —encargadas de trabajar con víctimas, cooperar con mecanismos internacionales y pronunciarse sobre temas sensibles— enfrentan crecientes obstáculos, entre ellos restricciones presupuestarias, barreras administrativas, marcos legales limitantes y acoso judicial, además de amenazas físicas y digitales que ponen en riesgo su labor.
En ese contexto, Callisaya remarcó la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de estas entidades. “Desde la Defensoría del Pueblo de Bolivia reiteramos que es fundamental garantizar condiciones seguras para el ejercicio de su labor, en cumplimiento de los Principios de París”, señaló.
Finalmente, la autoridad subrayó la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos: “Proteger a quienes defienden derechos humanos es una obligación del Estado y una garantía para toda la sociedad”.
