DEFENSOR DEL PUEBLO ALERTA SOBRE ATAQUES POLÍTICOS Y MEDIÁTICOS CONTRA LA INSTITUCIÓN Y SU LABOR EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Paz, 7 de julio de 2026 (UCOM-DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denunció ante representantes de organizaciones de la sociedad civil la existencia de acciones orientadas a desacreditar a la institución nacional de derechos humanos y a su titular, mediante medidas que van desde la reducción presupuestaria hasta ataques políticos y mediáticos.

“Nosotros tenemos, en solamente estos dos últimos meses, como 70 registros de incidentes mediáticos. Hemos tenido ataques físicos a la oficina de la Coordinación Regional El Alto… Aquí hemos sido tomados por personas que se han declarado en huelga de hambre… Ha habido ataques de origen político que no solamente amenazan con un juicio penal al titular de la institución, sino que también amenazan con el congelamiento del presupuesto institucional; es más, amenazan con la desaparición de la institución…, como esa afirmación de que la Defensoría del Pueblo tendría 500 millones de bolivianos como presupuesto anual”, manifestó Callisaya.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del Informe sobre las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en el marco de la conflictividad social de mayo y junio de 2026, documento que sistematiza las actuaciones institucionales orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos en contextos de conflictividad.

El Defensor del Pueblo reiteró que la actuación institucional durante la conflictividad social se enmarcó en el mandato establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley N.° 870 y la Resolución Constitucional 149/2026, que facultan a la institución a realizar labores de observación, monitoreo, verificación, documentación, facilitación, alerta temprana, acompañamiento y remisión de informes para la protección de los derechos humanos.

“Ni la Constitución ni la Ley N.° 870 facultan a la institución a interponer acciones civiles, penales o administrativas”, puntualizó. En ese contexto, la autoridad señaló que la conflictividad social persiste en un escenario de fragmentación y polarización, caracterizado por discursos de odio y confrontación, además de problemas estructurales que permanecen sin solución.

“Lamentablemente estamos en un escenario en que la construcción del enemigo, la construcción del otro, la construcción del diferente a la posición en la que se encuentra uno u otro sector de la sociedad implica, a su vez, la anulación de los derechos de ese otro con cierto consenso social”, afirmó.

Callisaya recordó que, en 2022, la Defensoría del Pueblo enfrentaba un fuerte cuestionamiento desde sectores político-partidarios y un debilitamiento institucional producto de un prolongado interinato.

Explicó que, tras asumir la conducción de la institución en septiembre de 2022, se impulsó un proceso de reconducción institucional con el acompañamiento de una misión internacional integrada por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una consultoría internacional. Este proceso permitió definir un plan estratégico institucional y culminó con la obtención del Estatus "A", máxima acreditación internacional que reciben las instituciones nacionales de derechos humanos por el cumplimiento de los Principios de París.

Asimismo, destacó que, desde 2025, la Defensoría del Pueblo implementa un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001, actualmente en proceso de certificación.

Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025, la institución desarrolló un proceso de fortalecimiento y reorganización institucional, consolidando su relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil e implementando planes dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad, zonas de frontera y la protección de los derechos de la Madre Tierra, entre otros.

En ese mismo periodo, la Defensoría del Pueblo realizó acciones de prevención, gestión e incidencia en al menos el 60 % de los conflictos sociales; amplió su presencia territorial de 18 a 21 oficinas y aumentó la atención de quejas de 17.900, en 2022, a 27.900, en 2025. Hasta junio de 2026, atendió 13.950 casos mediante sus 21 oficinas, considerando el cierre temporal de la oficina de Bermejo desde mayo de este año.

En el ámbito internacional, la institución fortaleció su participación en la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y consolidó el relacionamiento con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas relatorías internacionales.

Como resultado de este posicionamiento, actualmente el Defensor del Pueblo de Bolivia ejerce un segundo mandato como secretario general de la RINDHCA.

Al concluir su intervención, Callisaya convocó a todos los sectores de la sociedad a reconstruir el tejido social, reconocer las profundas brechas existentes y promover una convivencia pacífica basada en el respeto a la diversidad y las diferencias que fortalecen al país.