DEFENSOR DEL PUEBLO CONVOCA A LAS AUTORIDADES A INICIAR ACCIONES POSTCONFLICTO PARA FORTALECER LA COHESIÓN SOCIAL

La Paz, 2 de julio de 2026 (UCOM/DPB).– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, convocó de manera enfática a las autoridades del Estado a impulsar acciones inmediatas en el escenario de postconflicto. La autoridad destacó la necesidad urgente de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a reconstruir el tejido social y fortalecer una verdadera cohesión nacional tras los recientes periodos de crisis.

“Hay la necesidad de seguir trabajando una cohesión social, un reconocimiento entre bolivianas y bolivianos que es el proyecto que nosotros pretendemos implementar en este espacio posconflicto, para que desde las diferentes regiones del país podamos generar espacios reflexivos, de diálogo, de reconocimiento de que, en la diversidad de nuestro país, se encuentra la fortaleza también de nuestro Estado”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la petición de informe oral atendida ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde la autoridad presentó un informe pormenorizado sobre las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo durante el periodo de conflictividad social. En su exposición destacó las intervenciones realizadas para resguardar los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la alimentación, la transitabilidad, la debida diligencia y el debido proceso, entre otros.

El Defensor contextualizó la gravedad de la situación al advertir que el escenario de polarización y alta fragmentación, sumado al deterioro del tejido social en el país, no responde a una coyuntura específica, sino a un proceso complejo que se ha desarrollado durante muchos años. Según explicó, esta realidad también impactó directamente en la propia institución defensorial, que enfrentó cuestionamientos y presiones provenientes de distintos sectores con posiciones radicalizadas.

"A mi oficina vinieron no solamente personas en contra de la Defensoría a decir que se está a favor de los bloqueadores, sino que vinieron los propios bloqueadores, e incluso una facción tomó la oficina", relató Callisaya.

El Defensor señaló que este hecho evidencia los riesgos y la presión política y social a la que fue sometida la institución en el ejercicio de su mandato constitucional.

En ese contexto, Callisaya remarcó que la Defensoría del Pueblo privilegió en todo momento la búsqueda de una salida pacífica a la conflictividad mediante el diálogo, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N.º 870. No obstante, expresó su preocupación por la debilidad institucional evidenciada durante la crisis, situación que derivó en la transferencia de responsabilidades operativas e institucionales hacia la Defensoría del Pueblo, pese a que estas corresponden, por mandato legal, a los distintos niveles del Estado —nacional, departamental y municipal—, particularmente en materia de prevención y gestión de conflictos.

Durante más de 50 días de conflictividad social, la Defensoría del Pueblo desarrolló un amplio trabajo de monitoreo y atención, facilitando espacios de diálogo, promoviendo acciones de ayuda humanitaria y realizando el seguimiento a la situación de personas arrestadas, heridas y fallecidas.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia es una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) acreditada con la Categoría "A" por su cumplimiento de los Principios de París. Asimismo, el Defensor del Pueblo ejerce el cargo de Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).