DEFENSOR DEL PUEBLO EXHORTA AL ESTADO A CUMPLIR LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN AUDIENCIA SOBRE EL PROYECTO DOMO OSO X-3 EN TARIQUÍA

Tarija, 24 de marzo de 2026 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó al Estado a cumplir la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales vigentes durante la Audiencia Pública convocada por el Tribunal Agroambiental en Entre Ríos (Tarija), en el marco de la acción cautelar ambiental presentada por la Defensoría del Pueblo respecto al proyecto de exploración hidrocarburífera Domo Oso X-3 en Tariquía.

“No buscamos generar caos ni inseguridad jurídica, pero sí poner sobre la mesa la necesidad de que el Estado cumpla la normativa nacional, la Constitución Política del Estado y los Acuerdos internacionales que le son obligatorios, como el Acuerdo de Escazú”, afirmó Callisaya durante su exposición.

La autoridad defensorial subrayó la urgencia de reflexionar sobre los riesgos de priorizar intereses energéticos sobre la vida y las fuentes de agua de la región.

Durante la audiencia, la Defensoría del Pueblo contextualizó la acción cautelar, expuso los fundamentos de la demanda y señaló posibles vulneraciones a derechos fundamentales, entre ellos: el acceso a la información, la participación ciudadana y los derechos territoriales de las comunidades donde se pretende desarrollar la actividad hidrocarburífera.

Asimismo, la institución enfatizó la necesidad de realizar una nueva consulta pública con todos los comunarios del cantón Chiquiacá y una auditoría ambiental a cargo de la autoridad competente.

Desde 2019, la Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento permanente del proyecto en Tariquía, emitiendo requerimientos de información a las autoridades gubernamentales, quienes han respondido con datos incompletos. Paralelamente, la institución acompaña la defensa de la reserva y respalda la labor de los defensores ambientales.

Como institución nacional de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo continuará agotando los mecanismos y recursos previstos en la normativa boliviana y el Acuerdo de Escazú, para garantizar la protección de los derechos ambientales de la Madre Tierra y los derechos colectivos de los pobladores de Tariquía, particularmente de la comunidad de Chiquiacá, en torno al proyecto de exploración hidrocarburífera.