DEFENSOR DEL PUEBLO INFORMA DE 109 CONFLICTOS CON DEMANDAS DE ALIMENTACIÓN, DIÉSEL Y EMPLEO DURANTE TERCER TRIMESTRE DE 2026

La Paz, 22 de octubre de 2026 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó el ‘Reporte de Conflictividad en Bolivia’ correspondiente a la tercera entrega trimestral gestión 2026 durante el Estado de Excepción decretado por el Gobierno. El documento advierte un total de 168 eventos a nivel nacional, de los cuales 109 son conflictos concretados y 59 quedaron en anuncios; la tensión social se concentró en el eje central del país. Para hacer frente a esta coyuntura, la Defensoría del Pueblo intervino de manera oportuna en 42% de los conflictos detectados, actuando como instancia facilitadora del diálogo.

“Los conflictos no disminuyeron pese a Estado de Excepción, debido a las demandas estructurales y económicas que siguen latentes como el acceso a la alimentación y el derecho al empleo. Vemos que es urgente fortalecer la democracia deliberativa y reforzar los espacios de diálogo para prevenir escaladas de violencia”, advirtió el Defensor.

https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/tercer-reporte-trimestral-1-de-julio-al-30-de-septiembre-de-2026-.pdf   

Explicó que, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026, el Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) registró conflictos relacionados a la medida adoptada por el gobierno central de levantar la subvención del diésel, que tuvo un impacto en la economía, el transporte y alimentación, generando rechazo multisectorial. La mayor cantidad de conflictos se concentraron en el departamento de La Paz (22%), seguido de Santa Cruz (20%) y Cochabamba (20%).

El informe señala que predominan los conflictos vinculados a temas económicos, con un total de 45 registros; le sigue en importancia los conflictos relacionados a la gobernabilidad (14 casos); Laboral y Salarial (14 casos), seguidos por aquellos vinculados al ámbito de la Educación (7 casos), Salud (7 casos) y Vivienda (5 casos). Asimismo, en cuanto a derechos afectados, el principal fue el de los derechos laborales con 16 registros relacionados a la falta de pago de salarios, estabilidad laboral, entre otros, seguido del derecho a la alimentación producto del incremento del precio del diésel con 8, educación con 6.