DEFENSOR DEL PUEBLO INSTA A LA JUSTICIA ORDINARIA A RECONOCER Y RESPETAR LA JURISDICCIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA

La Paz, 6 de noviembre (UCOM-DPB).– “El acceso a la justicia de los pueblos indígenas en Bolivia representa un asunto de capital importancia. Los sistemas de justicia indígena son aportes vigentes y vitales al acervo jurídico de la humanidad”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante el Diálogo Plurinacional: Los pueblos indígenas y el acceso a la justicia en Bolivia – Experiencias, nudos críticos y desafíos, que se desarrolla este 6 y 7 de noviembre en la ciudad de La Paz.

En su intervención, la autoridad reflexionó sobre la falta de voluntad política y la escasa sensibilidad cultural para reconocer efectivamente la validez de los procedimientos y fallos de la jurisdicción indígena por parte de la justicia ordinaria, pese a que ambas tienen igual jerarquía.

“Se requiere una transformación profunda en la mentalidad y la práctica de quienes administran justicia, para comprender que el reconocimiento a la pluralidad jurídica no es una concesión retórica, sino un imperativo democrático y un mandato constitucional que obliga a garantizar la coexistencia efectiva y en igualdad de condiciones de todos los sistemas de justicia del país”, enfatizó Callisaya.

El diálogo plurinacional aborda temáticas relacionadas con el derecho a la tierra y el territorio, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y la situación de las personas defensoras que enfrentan amenazas, hostigamiento o criminalización.

Bolivia y Ecuador fueron los primeros países en reconocer constitucionalmente la coexistencia de sistemas de justicia indígena, además de haber ratificado instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada; el Acuerdo de Escazú, que asegura el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Desde 2022, la Defensoría del Pueblo ha activado diversos mecanismos de protección de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinas y sus territorios, como la Acción Popular del Río Beni (2023), que suspendió procesos mineros por vulnerar la consulta previa; una Medida Cautelar (2024), que detuvo el tratamiento legislativo de 19 contratos mineros hasta garantizar la transparencia y la participación; la Acción de Amparo Constitucional a favor de guardaparques (2025); y medidas cautelares ambientales en casos como los del jaguar, el litio y los incendios forestales (2025), exigiendo la aplicación del principio precautorio y la reparación de los daños.

“Estos logros no serán sostenibles sin fortalecer la coordinación interjurisdiccional y garantizar el cumplimiento de las sentencias. Este diálogo es un llamado a que las Altas Cortes, el sistema de justicia ordinario, las autoridades indígenas, la academia y la cooperación internacional articulen esfuerzos para cerrar la brecha entre el reconocimiento y la realidad”, concluyó el Defensor del Pueblo.