Defensor del Pueblo participó del taller “Democracia Ambiental y Minería en América Latina y el Caribe”

Defensor del Pueblo participó del taller “Democracia Ambiental y Minería en América Latina y el Caribe”

26 de Abril de 2024 06:53 am

Defensor del Pueblo participó del taller “Democracia Ambiental y Minería en América Latina y el Caribe”

Santiago de Chile, abril 25 (UCOM/DPB). - El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, participó del taller “Democracia Ambiental y Minería en América Latina y el Caribe”, llevado a cabo este jueves 25 en Santiago de Chile en el marco del encuentro organizado por la Federación Ideroamericana del Ombudsperson (FIO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Durante su intervención la autoridad reflexionó sobre la incidencia del impacto ambiental y sociocultural que tiene la minería en las diferentes regiones y particularmente en Bolivia. 

Durante su exposición, Callisaya reflexionó sobre la importancia del acuerdo de Escazú y la minería sostenible para la región. Para la autoridad existen diferentes contextos en los cuales la minería está presente en cada territorio, en el caso boliviano identificó a la minería grande, mediana, cooperativista y la artesanal.

“Los diferentes contextos que están presentes en nuestras regiones con la minería legal, ilegal e informal (…) definitivamente existe en algunos casos una falta y en otros una debilidad en el control del manejo de sustancias químicas peligrosas, el control del impacto medioambiental y el control del impacto sociocultural”, apuntó la autoridad durante su intervención.

Callisaya identificó también “deficiencias en cuanto a cómo está incidiendo esta actividad en el entorno en el cual se va desarrollando”.

Para el Defensor del Pueblo es importante visibilizar la incidencia que la actividad minera pueda tener en diferentes regiones, en el caso boliviano es algo cíclico, hubo un momento en el que básicamente toda la economía nacional estaba vinculada a la actividad minera, pero en otros momentos esa incidencia no sólo va al tema estatal sino a una economía de subsistencia de las personas.

“Estamos en presencia de estas actividades mineras, casi artesanales, con un descuido total de la lógica de medio ambiente, pero también como un mecanismo de subsistencia de las familias que en un periodo de crisis económica pueden reproducirse aún más”, apuntó Callisaya.

Para la autoridad defensorial es importante tener en cuenta la incidencia en diferentes tópicos de la actividad minera, “el informe colombiano hace referencia específica acerca de cuáles son los efectos, creo que es importante hacer un recuento, efectivamente hay una contaminación que puede incidir en el tema del aire, suelo y el agua misma, entonces son componentes de alta importancia, pero también hay otros efectos que tiene que ver con los pasivos ambientales mineros”.

En ese contexto la autoridad explicó que la semana pasada realizó un verificativo a los diques de cola en Cantumarca, Potosí, donde a través de los análisis químicos se evidenció la presencia de plomo en la sangre de los habitantes de esta comunidad. “Esta es la incidencia de los pasivos mineros que afectan a la salud y la vida misma de las personas, esto también reproduce situaciones de conflictividad”, señaló.

Durante el verificativo en Cantumarca también evidenció una alta incidencia en personas adultas mayores y niños. “Hay una afectación en los derechos a la vida, las condiciones generan inseguridad laboral, generan fallecimiento. Existe una alta incidencia de mineros adolescentes en Potosí que de forma ilegal desarrollan esta actividad, esta precariedad repercute en la vida misma de estos adolescentes”, apuntó.

En el marco de la invitación realizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (DDSAH) de CEPAL, entidades que llevan adelante el taller estratégico “Democracia Ambiental y Minería en América Latina”, el Defensor del Pueblo de Bolivia participó del intercambio de buenas experiencias para el fortalecimiento de la institución defensorial y su incidencia en políticas públicas en favor de los Derechos Humanos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas en particular y de la población en su conjunto en la región y el mundo entero.