DEFENSOR DEL PUEBLO PLANTEA QUE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS INCORPOREN UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

La Paz, 13 de julio de 2026 (UCOM-DPB).– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que toda medida de política económica debe incorporar un enfoque de derechos humanos, especialmente cuando sus efectos puedan impactar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. La declaración fue realizada durante una conferencia de prensa, al responder una consulta de los medios de comunicación sobre las consecuencias de la flexibilización del tipo de cambio del dólar.

"Es importante que, desde el Gobierno, se pueda construir un plan que mitigue este impacto y que considere a las poblaciones que atraviesan una situación de vulnerabilidad", sostuvo la autoridad.

En ese contexto, Callisaya señaló que la flexibilización del tipo de cambio forma parte de una decisión de política económica adoptada por el Gobierno; sin embargo, remarcó que, desde la Defensoría del Pueblo, se plantea que toda medida de esta naturaleza incorpore un enfoque de derechos humanos para prevenir afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales.

Asimismo, informó que la institución tomó contacto con entes gestores del sistema de salud, los cuales manifestaron dificultades para la adquisición de medicamentos debido al nuevo contexto cambiario.

"Tuvimos contacto con entes gestores que indicaron haber tenido dificultades con la adquisición de medicamentos. Más allá de otros bienes, el tema de los medicamentos es prioritario", explicó el Defensor del Pueblo.

En ese sentido, advirtió que, de no adoptarse medidas oportunas para mitigar los efectos de la variación cambiaria, podrían presentarse escenarios de desabastecimiento y encarecimiento de medicamentos, lo que constituiría una barrera para el ejercicio efectivo del derecho a la salud y, en consecuencia, del derecho a la vida, particularmente de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el Defensor del Pueblo reiteró que corresponde al Estado adoptar medidas que permitan reducir los impactos sociales de las decisiones económicas y proteger de manera prioritaria a las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas que viven con VIH y otros grupos que requieren atención preferente, garantizando el acceso efectivo a sus derechos.