Defensor del Pueblo presenta segundo reporte sobre conflictividad social y alerta sobre afectaciones a derechos humanos y convivencia social en Bolivia
06 de Junio de 2026 08:32 am
La Paz, 5 de junio de 2026 (UCOM-DPB).- La Defensoría del Pueblo presentó su segundo reporte preliminar sobre la conflictividad social en Bolivia, correspondiente al periodo del 1 de mayo al 2 de junio de 2026, en el que se sistematizan las principales afectaciones a los derechos humanos y las acciones institucionales desarrolladas en este contexto.
El informe advierte que la prolongación de la conflictividad está generando un impacto acumulativo sobre la población, afectando de manera directa derechos fundamentales como la vida, la salud, la libertad personal, la integridad física y la libertad de expresión.
En este periodo, se registraron 365 personas arrestadas en el marco de operativos vinculados a bloqueos y movilizaciones en diferentes regiones del país. De ellas, 247 fueron liberadas. Las 118 restantes se encuentran en distintas situaciones jurídicas, mientras continúa el seguimiento defensorial a sus casos para la verificación del respeto al debido proceso.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo verificó 37 personas heridas durante operativos de desbloqueo y hechos vinculados a la conflictividad social, entre ellas policías, periodistas, personas movilizadas y transeúntes. Las lesiones registradas incluyen traumatismos, policontusiones y heridas de diversa gravedad.
El reporte también consigna 10 casos de personas fallecidas presuntamente vinculadas al contexto de conflictividad, los cuales se encuentran en proceso de verificación defensorial para determinar con precisión las circunstancias de cada caso.
En relación con la libertad de prensa, se registraron 28 hechos que afectaron a trabajadoras y trabajadores de la comunicación, incluyendo agresiones, amenazas, restricciones a la cobertura, daños a equipos y otras formas de obstaculización del trabajo periodístico, tanto por actores movilizados como en contextos de intervención policial.
La Defensoría del Pueblo expresa especial preocupación por el impacto que la conflictividad está generando en la vida cotidiana de la población, particularmente en el acceso a servicios esenciales como salud, transporte, alimentos e insumos médicos, así como en la movilidad de personas en situación de vulnerabilidad.
En este marco, la institución ha desplegado acciones humanitarias orientadas a la protección de la vida y la salud, incluyendo la gestión para el abastecimiento de oxígeno medicinal, coordinación de atención médica urgente, supervisión del acceso a servicios básicos y acompañamiento a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado acciones de vigilancia del debido proceso de personas arrestadas, monitoreo territorial en zonas de conflicto, emisión de pronunciamientos sobre libertad de expresión y protección del trabajo periodístico, y acompañamiento a situaciones de alta conflictividad social.
En el ámbito de la incidencia institucional, la Defensoría del Pueblo ha remitido reportes a instancias internacionales de derechos humanos, incluyendo el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano, como parte de su labor de seguimiento y alerta temprana.
Del mismo modo, la institución ha impulsado acciones de litigio estratégico y promovido espacios de diálogo y coordinación interinstitucional orientados a la prevención de la violencia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de salidas pacíficas a la conflictividad.
La Defensoría del Pueblo reafirma su mandato constitucional establecido en el artículo 218 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 870, como Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”, que actúa con independencia, autonomía e imparcialidad en la defensa y promoción de los derechos humanos.
En consecuencia, la institución ratifica que continuará desarrollando de manera permanente acciones de monitoreo, verificación, mediación humanitaria y vigilancia defensorial en todo el territorio nacional, con el objetivo de contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos de la población boliviana.
