DEFENSOR DEL PUEBLO RATIFICA DEFENSA DE TARIQUÍA Y PRESENTA RECURSO DE CASACIÓN
16 de Julio de 2026 06:05 pm
Tarija, 16 de julio de 2026 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se trasladó hasta el municipio de Entre Ríos para presentar formalmente un recurso de casación contra la resolución emitida por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, que rechazó las medidas cautelares ambientales solicitadas por la institución defensorial para la paralización provisional de las actividades de exploración hidrocarburífera vinculadas al proyecto Pozo Domo Oso X-3, en la comunidad de Chiquiacá.
“Nos encontramos en Entre Ríos, en instalaciones de la Casa de Justicia, para presentar un recurso de casación. En días pasados fuimos notificados con la Resolución N.º 53/2026 emitida por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, mediante la cual se rechaza la solicitud de medidas cautelares planteada por la Defensoría del Pueblo. Ante esta decisión, hemos interpuesto un recurso de casación solicitando que el expediente sea remitido al Tribunal Agroambiental, en la ciudad de Sucre”, informó la autoridad defensorial a los medios de comunicación.
Callisaya explicó que, mediante este recurso, la Defensoría del Pueblo solicita que el expediente sea revisado por el Tribunal Agroambiental, al considerar que la resolución recurrida presenta contradicciones internas y una valoración insuficiente de los antecedentes del caso. En ese marco, se busca que la máxima instancia de la jurisdicción agroambiental analice la procedencia de las medidas cautelares solicitadas para la protección del ecosistema y los derechos involucrados.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del juez; consideramos que no existió una apreciación adecuada de los antecedentes del caso y que existen contradicciones al interior de la propia resolución”, señaló Callisaya.
Entre los argumentos expuestos en el recurso, la Defensoría del Pueblo observa aspectos relacionados con la acreditación del derecho propietario sobre los predios involucrados, la categorización del impacto ambiental del proyecto y la realización de procesos de participación y consulta con las comunidades potencialmente afectadas.
Asimismo, la institución considera que los mecanismos de socialización del proyecto no sustituyen los procedimientos de consulta previstos en la normativa nacional e internacional cuando éstos resulten aplicables, particularmente en relación con el derecho a la participación y al acceso a información suficiente y comprensible.
Posteriormente, el 7 y 8 de mayo, la institución defensorial realizó una veeduría al proceso judicial seguido contra 12 comunarios de Tariquía ante el Juzgado Mixto y Tribunal de Sentencia del municipio de Entre Ríos, instancia que determinó su absolución.
La Defensoría del Pueblo recuerda a la población que mantiene habilitada la línea gratuita nacional 800-10-8004, el WhatsApp 72006607 y su portal institucional para la recepción de denuncias y la orientación en materia de derechos humanos.
