Defensor del Pueblo reafirma que la institución actúa con independencia constitucional y sin atribuciones coercitivas en contextos de conflictividad
01 de Julio de 2026 10:02 pm
La Paz, 1 de julio de 2026 (UCOM-DPB).– Durante la presentación de un informe oral ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados sobre las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo durante los más de 50 días de conflictividad social registrados en el país, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reafirmó que la institución ejerce sus funciones con independencia constitucional y en estricto cumplimiento del mandato que le asignan la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 870.
La autoridad recordó que la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos del Estado boliviano, acreditada con Estatus A, reconocimiento internacional que respalda su independencia y su labor en la protección y defensa de los derechos humanos.
En ese marco, explicó que la Defensoría del Pueblo tiene la misión de velar por la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos mediante la supervisión de las acciones u omisiones de las instituciones públicas, actuando con autonomía funcional, administrativa y financiera, sin recibir instrucciones de ningún órgano del Estado.
Asimismo, aclaró que la institución no cuenta con atribuciones para iniciar procesos penales, civiles o administrativos, sustituir las funciones del Ministerio Público, ejecutar desbloqueos o ejercer funciones policiales o coercitivas. No obstante, en el marco de sus competencias, desarrolla acciones de monitoreo, verificación, documentación, emisión de informes, recomendaciones, alertas tempranas y facilitación del diálogo para contribuir a la protección de los derechos humanos y a la resolución pacífica de los conflictos.
Callisaya recordó que la Resolución Constitucional 140/2026 reconoce expresamente estas competencias y ratifica que la Defensoría del Pueblo desarrolla labores de observación, monitoreo, verificación, documentación, acompañamiento y facilitación, sin sustituir a las autoridades competentes ni ejercer potestades ajenas a su mandato constitucional.
Durante el informe oral, el Defensor del Pueblo presentó un balance de las principales acciones defensoriales desarrolladas durante la conflictividad social, entre ellas el monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos, el seguimiento a las afectaciones sufridas por periodistas, policías, militares y población civil, la verificación de personas heridas y fallecidas, el seguimiento al debido proceso de las personas aprehendidas, las gestiones de facilitación del diálogo y las acciones de asistencia humanitaria coordinadas con instituciones especializadas.
Asimismo, informó que la Defensoría del Pueblo desarrolla estas labores con un presupuesto anual de Bs 36,1 millones para atender sus competencias en todo el país, distribuido entre sus nueve oficinas departamentales y doce coordinaciones regionales. Añadió que la reducción del 30 % de su presupuesto obligó a la supresión de 44 ítems de personal.
La autoridad informó también que toda la documentación de respaldo del informe fue entregada en formato digital a la diputada peticionaria y a las y los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.
La presentación del informe fue seguida, a través de las plataformas institucionales de la Defensoría del Pueblo, por representantes de organismos internacionales de derechos humanos, reflejando el interés y seguimiento de la comunidad internacional al trabajo que desarrolla la institución en Bolivia.
