Defensor del Pueblo verifica situación de fabriles aprehendidos y llama al diálogo
06 de Mayo de 2026 04:39 pm
La Paz, 6 de mayo de 2026 (UCOM/DPB).– En el marco de su mandato constitucional de defensa y protección de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo desplegó un equipo de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos para verificar la situación de personas fabriles aprehendidas tras la intervención policial a la toma simbólica del Ministerio de Trabajo, en la ciudad de La Paz.
La intervención defensorial se realizó con el objetivo de vigilar el respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y las condiciones de aprehensión de las personas involucradas, en el contexto de las movilizaciones sociales.
“El Defensor del Pueblo realiza un seguimiento sistemático, minucioso y permanente de la conflictividad en el país. Expresamos nuestra preocupación ante hechos de violencia como los ocurridos esta jornada en el Ministerio de Trabajo, los cuales deben ser prevenidos en el marco del respeto a los derechos humanos”, señaló el jefe de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos, César Rojas.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo verificó la situación de 14 personas aprehendidas (1 mujer y 13 varones), en el marco de su labor de monitoreo a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, precautelando el respeto a sus derechos fundamentales.
Entre las personas aprehendidas se encuentran: Jaime C., Félix N., Abraham A., Lamberth F.C., Ricardo C., Américo D.F., Vicente T.A., Edwin N., Eddy C., Gustavo Z.S., Mario S.Q., Evelin S. y Gaston O., representantes y dirigentes del sector fabril.
“La mejor vía para la resolución de conflictos es el diálogo. Es fundamental promover espacios de comunicación entre las partes, incluso en escenarios de posiciones divergentes, a fin de alcanzar soluciones pacíficas. Exhortamos a deponer acciones de hecho y priorizar la cultura de paz”, añadió Rojas.
La Defensoría del Pueblo mantiene un monitoreo continuo de las movilizaciones sociales, con el objetivo de vigilar el respeto de los derechos humanos, la actuación de las fuerzas del orden conforme a estándares internacionales y la garantía del debido proceso.
