Defensor del Pueblo y Presidenta del Consejo de la Magistratura impulsan formación de servidores del Órgano Judicial con enfoque de derechos humanos

La Paz, 10 de mayo de 2023: El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya y la presidenta del Consejo de la Magistratura, Mirtha Meneses, suscribieron este miércoles un convenio interinstitucional que incidirá en la formación de servidores del Órgano Judicial con un enfoque de derechos humanos. 

El Defensor del Pueblo destacó el acuerdo responde a una serie de alianzas que establece la institución defensorial para promover el ejercicio de los derechos humanos en instituciones y en todos los ámbitos de la sociedad.

“En cumplimiento de su mandato, la Defensoría del Pueblo realiza alianzas con instituciones que tienen que ver con el quehacer jurisdiccional. Ahora tenemos esta firma de convenio con el Consejo de la Magistratura. La idea es que podamos incidir en los procesos de capacitación formación información con el personal del órgano judicial”, destacó la autoridad defensorial.

El acuerdo entre ambas instituciones tiene por objetivo establecer una relación de colaboración interinstitucional para unificar esfuerzos, encaminados a desarrollar y fortalecer el intercambio de información, la promoción y ejercicio de los derechos humanos.

Además, el documento contempla, como misiones de la Defensoría del Pueblo, generar informes defensoriales con recomendaciones para garantizar los derechos y el acceso a la justicia en materia de niñez y adolescencia, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

También se intercambiará información estadística que contribuya al desarrollo de estudios u otros documentos de investigación en el marco de derechos humanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad y hacer seguimiento al cumplimiento de la política institucional de igualdad de género del Órgano Judicial y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura se compromete a coadyuvar en todas las obligaciones y tareas asignadas a la Defensoría del Pueblo, además de realizar acciones permanentes de control de las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público y la Policía Boliviana, en cumplimiento de la recomendación 9 del Informe del GIEI-Bolivia sobre los hechos de 2019.