DEFENSOR DEL PUEBLO: EL PROBLEMA NO ES LA LEY 348 SINO SU IMPLEMENTACIÓN DEFICIENTE

La Paz, 13 de marzo de 2026 (UCOM-DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que las dificultades para enfrentar la violencia contra las mujeres en Bolivia no se originan en la Ley N.° 348, considerada un avance importante en el marco normativo del país, sino en las fallas persistentes en su aplicación por parte de las instituciones encargadas de prevenir, atender y sancionar estos hechos.

Según la autoridad, entre las principales causas para la aplicación plena de la norma se identifican la limitada inversión pública en prevención, la escasa cobertura de servicios especializados y las debilidades estructurales del sistema de justicia penal.

La información se conoció durante la presentación del Informe Defensorial: “Análisis de la Implementación de la Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 2013–2024”, elaborado con el financiamiento y apoyo técnico de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.

El informe desarrollado entre 2024 y 2025, analiza el periodo de aplicación de la ley desde la gestión 2013 hasta 2024, revelando una profunda crisis en el acceso a la justicia. En el periodo 2013 – 2023, se registraron más de 439.000 casos vinculados con la Ley N.° 348 en el sistema penal; sin embargo, solo el 5,7 % concluyó con una sentencia condenatoria. Asimismo, más del 60% de los procesos fueron rechazados por el Ministerio Público, en gran medida debido al abandono de las denuncias por parte de las víctimas.

Respecto a los servicios de atención a víctimas, el informe evidencia que los establecimientos de salud, unidades policiales, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y defensorías de la niñez y adolescencia cumplen, en promedio, solo el 59 % de los estándares de calidad establecidos para la atención integral. Entre las principales deficiencias se identifican la falta de personal especializado, el desconocimiento de protocolos, la exigencia indebida de requisitos para recibir denuncias y limitaciones en la atención permanente.

El informe defensorial también revela que el costo social de este problema oscila entre 3.900 y 4.700 millones de bolivianos al año, de los cuales el 71 % es asumido por las propias víctimas y sus familias, principalmente en gastos relacionados con el acceso a la justicia de las víctimas de violencia.

Asimismo, la inversión estatal en prevención es sólo del 8% del costo total de la violencia, el presupuesto para justicia y protección es insuficiente, además existen problemas en la interoperabilidad entre instituciones y un sistema penal que en muchos casos genera procesos revictimizantes que vulneran derechos constitucionales y recomendaciones internacionales.

El informe también identifica deficiencias estructurales en las instituciones de la cadena de atención a casos de violencia, limitaciones en la atención y la capacitación de su personal. El registro de casos muestra un crecimiento del 63.91% entre 2013 y 2024, con alta concentración en ciudades del eje central país.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomienda fortalecer las políticas públicas mediante la elaboración de un plan nacional integral para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género, con metas claras, indicadores de seguimiento, mayor coordinación interinstitucional y una asignación adecuada de recursos.

Asimismo, el informe concluye la necesidad de generar un debate sobre la implementación de la Ley N.° 348 respetando el principio de progresividad y no regresividad; propone incorporar las nuevas formas de violencia como: la digital y la gineco-obstétrica; ampliar la protección a todas las mujeres sin discriminación por orientación sexual o identidad de género; fortalecer los mecanismos de protección inmediata; y desarrollar programas estatales de rehabilitación dirigidos a hombres que ejercen violencia.