Defensora condena agresiones a pobladores en Samaipata y pide a la Fiscalía investigar y sancionar a los responsables

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó los hechos de amedrentamiento a pobladores y acciones de hecho de carácter violento por parte de bloqueadores, quienes retuvieron ilegalmente a ocho personas en la localidad de Samaipata; asimismo, pidió que se inicie una investigación al respecto.

“Pedimos al Ministerio Público a que con carácter de urgencia investigue todas las agresiones y delitos cometidos en el marco de las protestas, bloqueos y desbloqueos sucedidos en Samaipata, durante los días 7 y 8 de agosto, y que procese y sancione a quienes resulten responsables”, manifestó.

Cruz, quien exhortó a la dirigencia y a la población en general a no cometer este tipo de actos delincuenciales y a denunciar a quienes los cometan, informó que la institución a través de su Delegación Defensorial en Santa Cruz, intervino para la liberación de las ocho personas retenidas.

La Defensora expresó, además, su preocupación por la posibilidad anunciada de trasladar a la jurisdicción de la ciudad de La Paz a las personas que presuntamente hubiesen cometido delitos en Samaipata, pues esa medida vulneraría la garantía del Juez Natural, que se encontraría radicado en Samaipata o, en su defecto, en la jurisdicción más cercana a esta localidad, siempre en el departamento de Santa Cruz.

Asimismo, condenó que civiles pretendan ilegalmente arrogarse atribuciones de esta institución y que ejerzan actos de violencia o intimidación en contra  de periodistas y de otras personas sin importar los motivos que puedan esgrimir y recordó que la Policía Boliviana es la única institución constitucional encargada de dar seguridad e impedir actos de violencia.

Entre el 7 y 8 de este mes, la Policía Boliviana ha procedido al desbloqueo de vías en Samaipata con el saldo de varios heridos, personas supuestamente secuestradas y el arresto de unos 60 ciudadanos, que serían trasladados a La Paz

Cruz, nuevamente, convocó a que esta problemática sea conducida a través del diálogo, en el marco de las garantías consolidadas de un Estado de Derecho.

Foto: La Prensa